La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) dio a conocer un nuevo informe sobre la situación en las cárceles bonaerenses. Denuncia que 16 mil personas fueron torturadas durante el encierro, mientras que 45 mil presos viven hacinados.
Advierte de “récord de detenidos, sobrepoblación, torturas y muertes”, en su labor de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad y niñez. “Los pueblos no necesitan más represión, necesitan derechos para vivir con dignidad. La seguridad es educación, salud y trabajo”, señaló el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel.
“El informe de la Comisión es para que el gobierno provincial revierta esta política de crueldad y sufrimiento. Se vuelca cada vez más presupuesto a seguridad, relegando otras áreas; se llenan las calles de policías, ahora con 12 mil nuevos agentes, pero la militarización del territorio no es seguridad para nadie. Los pueblos no necesitan más represión, necesitan derechos para vivir dignamente”, expresó Pérez Esquivel. Junto a él, estuvieron por los miembros del organismo Susana Méndez, Víctor Mendibil, Roberto Cipriano García, el padre Pepe Di Paola, Ana Barletta, Dora Barrancos, Yamila Zavala Rodríguez, Ernesto Alonso, Víctor De Gennaro, Luis Lima y Carlos Sánchez Viamonte, y la directora general Sandra Raggio.
“El manodurismo se instaló hace 20 años en la Provincia. Y ningún gobierno revirtió esa política de seguridad que no satisface ninguna demanda de la sociedad. Este informe, a su vez, está marcado por la masacre de Pergamino; recientemente se creó en la comisaría primera un sitio de memoria; había sido un centro clandestino de detención y, en democracia, se siguió torturando y matando. La creación del sitio es un acto de reparación para las víctimas y las madres de esos 7 jóvenes”, señaló Raggio.
Datos
A diciembre de 2017 había 43.094 personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y bajo arresto o prisión domiciliaria, que representa una tasa de encarcelamiento de 253 detenidos cada 100.000 habitantes. La tasa de detención en los últimos 10 años creció 78 puntos, 37 (casi la mitad) corresponden solamente al periodo 2016-2017. La situación se siguió agravando, a junio de 2018 el número de detenidos supera los 45 mil.
“El sobreencarcelamiento dispara la sobrepoblación y el hacinamiento a niveles críticos: 38.320 personas detenidas que se alojaban en 20.071 plazas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Esto representa también un récord histórico de sobrepoblación: 91%, 20 puntos más que en 2016”, señala el informe.
En las comisarías: 3.097 personas ocupaban 1.040 camastros, es decir, dos de cada tres personas duermen en el piso. Esto representa una sobrepoblación del 197%. “El otro dato alarmante del sobreencarcelamiento es el uso de comisarías inhabilitadas para alojar personas. De las 279 comisarías inhabilitadas, 109 seguían siendo utilizadas para alojar detenidos: a diciembre de 2017, 1.269 personas se encontraban detenidas en espacios no habilitados para este fin”, plantearon.
Durante el año 2017 la CPM registró 16.300 hechos de torturas o tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. “El desenlace de esta política de imposición del dolor y el sufrimiento es la muerte: más de 160 en cárceles, 22 en comisarías –entre ellos, los siete jóvenes víctimas de la masacre de Pergamino. Otras 182 personas fallecieron en el marco de internaciones por razones de salud mental en hospitales monovalentes, unidades penitenciarias psiquiátricas dependientes del SPB, clínicas neuropsiquiátricas y comunidades terapéuticas”, plantea el informe. “En 2017, hubo también 121 muertes por uso letal de la fuerza, un 11% más que el año anterior; casi el 80% de las víctimas tenían menos de 30 años y en el 73% de los casos el policía que mató estaba fuera de servicio”, apunta.
Investigación
“La selectividad del sistema penal también se expresa en las causas judiciales que investigan graves vulneraciones a los derechos humanos y a las estructuras institucionales que contienen a los agentes investigados”, advierte la CPM. Entre 2014 y el primer semestre de 2017 se abrieron 13.076 investigaciones: sólo 37 causas fueron caratuladas como torturas. En el resto se utilizaron calificaciones más leves con expectativa de pena muy baja. “El 97% de las causas ya fueron archivadas, desestimadas o sus imputados sobreseídos”, agrega el informe.
“La actual gestión de gobierno asumió hace ya más de dos años reconociendo la crisis en materia penitenciaria y de seguridad, pero nada hizo para transformar esta situación. Los datos del informe obligan a tomar medidas urgentes que reviertan la grave crisis humanitaria del sistema penal”, denunciaron.
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