La Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto sobre extinción de dominio con 40 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención, luego del debate sobre los allanamientos a la ex presidenta Cristina Kirchner, y volverá ser tratado en Diputados.
La extinción de dominio es la figura jurídica que permitiría al Estado hacerse con bienes obtenidos por medio de actividades ilícitas o utilizados para ellas. En la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Cambiemos, el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria habían presentado dictámenes diferentes.
La iniciativa aprobada fue la presentada por el Bloque Justicialista y le ganó la pulseada al oficialismo, que intentó avanzar con una iniciativa propia. Fue girada a la Cámara baja tras ser aprobada con los votos a favor del justicialismo, el kirchnerismo y bancadas provinciales, contra los 26 en contra que logró reunir Cambiemos.
Debate
El líder de la bancada peronista, Miguel Ángel Pichetto, defendió el proyecto y señaló que la idea es que se “garantice el debido proceso” y que por ello se establece que la extinción de dominio “se dispare como acción dentro del juicio oral, porque ya hay pruebas, ya el tribunal está constituido”.
“Era una barbaridad votar el proyecto como venía, la mera sospecha disparaba la acción (de la extinción de dominio). Si la Cámara de Diputados lo quiere votar que lo vote”, manifestó Pichetto.
Por su parte, el senador de Cambiemos Federico Pinedo sostuvo que el proyecto busca “que el Estado recupere para sí bienes del delito grave, no de cualquier delito”.
“No podemos acompañar con nuestro voto el dictamen de la mayoría, establece un sistema que según nuestro criterio no funciona para los objetivos que tiene que tener este procedimiento”, indicó y remarcó que “el proceso tiene que ser rápido, expeditivo y tiene que aplicarse a delitos que se cometieron en el pasado y a los que se cometan en el futuro”.
En es línea, el senador oficialista por San Luis Claudio Poggi manifestó que el dictamen del PJ “no resuelve el problema”. “No tiene la celeridad necesaria, 14 años es la media para la condena penal. ¿Qué bienes van a existir dentro de 14 años?¿Cómo vamos a impedir que esos bienes y dinero sigan financiando esas actividades ilícitas si no procedemos antes?”, evaluó.
“Avanzar en el proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados es, sin lugar a dudas, conculcar los principios constitucionales del debido proceso, de las garantías constitucionales y del principio de inocencia”, afirmó Marilin Sacnun, del Frente Para la Victoria (FpV).
