El secretario de Energía, Javier Iguacel, quedó imputado en una causa penal en la que se investiga si cometió delitos al dictar una resolución que dispone pagar a las empresas distribuidoras de gas una compensación tarifaria por el aumento del dólar.
La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a Iguacel y pidió a la jueza María Servini de Cubría que “en forma urgente” dicte una medida cautelar por 60 días para evitar la aplicación. No obstante, el Gobierno ya anunció que no iba a trasladar ese gasto a los consumidores, sino que el dinero lo iba a poner el Estado.
Paloma Ochoa impulsó la denuncia que de oficio hizo el fiscal Guillermo Marijuan por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Y agregó la de “fraude en perjuicio de la administración pública”, que establece una pena de hasta 6 años.
Ochoa dijo que la resolución “pareciera circunscribirse a asegurar un margen de ganancia de un actor, en un contexto devaluatorio de la moneda nacional que ineludiblemente redundará en el empobrecimiento de la mayoría de los actores de la sociedad argentina”, y sostuvo que esta decisión “excede los meros actos de gestión de políticas públicas y puede tornarse en jurídico- penalmente relevante”.
El Gobierno dispuso, el 5 de octubre, que las distribuidoras de gas podrán cobrar a los usuarios un importe “extra” en 24 cuotas mensuales, para compensar el impacto de la “marcada variación del tipo de cambio”. Si bien el Ejecutivo aclaró, en los últimos días, que el dinero no saldrá de los bolsillos de los usuarios sino de las arcas del Estado, sigue la polémica.
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) fue uno de los espacios que encabezó los reclamos en rechazo al importe “extra” en 24 cuotas mensuales que debían pagar los usuarios para compensar el impacto de la “marcada variación del tipo de cambio”. El secretario general adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello, cuestionó el fallo y aseveró que la “única modificación que se anunció es que la compensación que pagará el Estado a las distribuidoras los será socializada por todos los ciudadanos” a través de los impuestos.
