La Secretaría de Energía los dispuso mediante la Resolución 41/2018, publicada en el Boletín Oficial, que dejó sin efecto la Resolución 20 del pasado 4 de octubre.
La Resolución dejada sin efecto “se dispuso, en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018”, recordó la nueva norma en sus considerandos.
La medida “tuvo como finalidad habilitar un mecanismo que, sin dejar de cumplir con el marco regulatorio del gas y sus normas complementarias y reglamentarias, contemplara un período temporal más extenso para disminuir su incidencia en el monto de la factura al usuario”, agregó.
“Que, sin embargo, por razones de oportunidad corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 20/2018 de esta Secretaría”, apunta la resolución que lleva la firma de Javier Iguacel.
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) fue uno de los espacios que encabezó los reclamos en rechazo al importe “extra” en 24 cuotas mensuales que debían pagar los usuarios para compensar el impacto de la “marcada variación del tipo de cambio”. De todos modos, el malestar persiste porque el Estado absorbe esa diferencia.
El secretario general adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello, había cuestionado el fallo y porque la “única modificación que se anunció es que la compensación que pagará el Estado a las distribuidoras los será socializada por todos los ciudadanos” a través de los impuestos. “Las empresas de luz y gas están en condiciones de absorber el impacto generado por devaluación y no debe ser el Estado”, apuntó.
