Tras el anuncio de la creación de un Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados, desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) advirtieron que “siempre fue imprescindible” mientras que familiares de víctimas de gatillo fácil minimizaron el impacto.
María del Carmen Verdú, de Correpi, señaló que “sólo se trata de una lavada de cara” y recordó que “siempre hubo anuncios semejantes en todas las gobernaciones desde 1983”. “Me sorprende un anuncio así, quiere decir que no tenían uno. Siempre fue imprescindible un registro de policías expulsados”, afirmó.
A modo de ejemplo, recordó las medidas adoptadas en el año 1998 durante la llamada “Reforma Arslanian”, llevada a cabo el ministro de Seguridad bonaerense de ese entonces. “En la lista de 300 policías exonerados aparecían, por ejemplo, los nombre de los implicados en la Masacre de Budge, de 1987. Para reírse”, reconoció.
“Más allá de todos los anuncios, siempre tenemos casos puntuales que hemos detectado de personal policial de una fuerza que cuando averiguamos un poco resulta que los echaron de otra”, planteó. Y precisó: “En el año 2002, en un juicio contra un policía de la Bonaerense acusado de tortura, nos enteramos que había sido echado de la Federal. Era uno de los policías que había estado en el operativo del 19 de abril en Obras, cuando detuvieron a Walter Bulacio”.
El hermano de Lautaro Bugatto, asesinado en 2012 por un policía en Burzaco, consideró que el anuncio se trata “de una maniobra política del Gobierno”. “Creo que es para cambiar la imagen del Gobierno, porque la Policía es un área más de él”, analizó Gonzalo.
“Creo solo se van a hacer públicos los datos que ya tiene el Gobierno, porque la exoneración es facultad del Poder Ejecutivo y es el último paso, incluso siendo sentenciados en juicio no se los exoneran. No creo que esto condicione a la Policía de cometer los abusos o maltratos que habitualmente se cometen”, concluyó.
La gobernadora María Eugenia Vidal anunció un Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados, que será de acceso público y contempla datos desde 1966 a la fecha. Precisó que ya hay “8500 policías con nombre, apellido y causa de exoneración”. Será de acceso público.
