Los jueces designados desde enero de 2017 pagarán ganancias

El Gobierno y la Justicia acordaron avanzar con ley que obliga a magistrados designados a partir de 2017 a tributar el impuesto.

Germán Garavano

Tras varias semanas de negociación, el Gobierno acordó con los distintos órganos judiciales el avance para reglamentar la ley que obliga a pagar impuesto a las Ganancias a los jueces nombrados a partir de 2017.

El acuerdo rubricado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, junto a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General, la Defensoría General y la Asociación de Magistrados llegó luego de que la Corte revocara una cautelar que impedía la aplicación del tributo a los integrantes del Poder Judicial asumidos después del 1° de enero del año pasado.

Garavano resaltó que con el diálogo de todos los actores lograron “un acuerdo histórico con el Poder Judicial para que finalmente se cumpla con la ley y empiecen a pagar Ganancias”. “Los magistrados entienden el esfuerzo que estamos haciendo todos para lograr una verdadera transformación judicial”, sostuvo el ministro.

El acuerdo llegó en el marco de una serie de negociaciones en las últimas semanas y de la previa resolución de que los nuevos jueces que ingresaron por fuera del sistema judicial tributarán el 35 pòr ciento. Ahora, los designados desde enero de 2017 que ya trabajaban en el Poder Judicial se suman y desde el gobierno esperan que el año que viene se extienda a todos los jueces.

El 27 de noviembre pasado el máximo tribunal había revocado una medida cautelar otorgada a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que impedía la plena vigencia la ley 27.346, sancionada en 2016 y que establece que los nuevos funcionarios judiciales ingresados a partir del 1° de enero de 2017 deben tributar, en tanto que los anteriores a esa fecha seguirán excluidos.

En esa ocasión, la Corte sostuvo que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal utilizó “argumentos dogmáticos e insuficientes” para admitir la procedencia de la medida solicitada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y que, por ello, “su decisión fue arbitraria”.

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