El reclamo de la CPM por el caso de hantavirus en un penal

"Las malas condiciones de detención y la presencia de roedores hacen de las personas allí alojadas una población en grave riesgo", advierten.

El noveno caso de hantavirus en la provincia de Buenos Aires fue confirmado hace algunos días. Se trata de un recluso que cumple condena en la Unidad Penitenciaria Nº 28 de la localidad bonaerense de Magdalena que fue trasladado al hospital San Juan de Dios de la ciudad de La Plata. Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advierten que habían solicitado medidas de prevención para evitar estos casos.

“Las malas condiciones de detención y la presencia de roedores hacen de las personas allí alojadas una población en grave riesgo”, asegura la CPM, que tras la confirmación del caso advierte que “este hecho se inscribe en la grave crisis sanitaria en cárceles, comisarías, centros cerrados para jóvenes y neuropsiquiátricos que, año a año, produce enfermedades y muertes por desatención de la salud”.

La CPM presentó un habeas corpus colectivo y reiteró el reclamo por el pase de la Dirección de Salud  Penitenciaria dependiente del Ministerio de Justicia a la órbita del Ministerio de Salud provincial. “La  falta de recursos, planificación sanitaria y coordinación con las políticas sanitarias generales agravan la situación en el encierro y son un riesgo para la salud de toda la población”, señalan.

El 30 de enero, Rubén Oscar Gómez Domínguez, de 24 años, fue trasladado de la Unidad Penitenciaria N 28 de Magdalena al hospital San Juan de Dios de La Plata con síntomas de hantavirus. Gómez llevaba dos años en la unidad, estaba alojado en el pabellón 10, presentaba fiebre, dolor abdominal y afecciones respiratorias. Desde el centro de salud mandaron una muestra al Instituto Malbrán que confirmaron el diagnóstico de esta infección. Ante el grave peligro sanitario que implica la posibilidad de nuevos contagios y la propagación del virus en las personas alojadas en la UP 28 de Magdalena y las demás unidades del Complejo (35, 36 y 51), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante el Juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata un habeas corpus colectivo por el agravamiento de las condiciones de detención y hoy amplió esa presentación.

El organismo reclamó que se tomen medidas preventivas de higiene y control en el establecimiento, se ordene una evaluación epidemiológica integral en la zona de aparición del caso, que incluya la definición de la magnitud del brote, la identificación del probable mecanismo de transmisión o fuente de infección, la investigación de otras potenciales personas expuestas al virus y la recolección de muestras de sangre para diagnóstico serológico —según indican los protocolos elaborados por la Secretaría de Salud de Nación, el Ministerio de Salud provincial y la Sociedad Argentina de Infectología—.

La CPM denuncia que la UP 28 aloja actualmente a 1.300 personas, con una sobrepoblación de 262%, la más alta de todo el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Entre 2008 y 2018, la población detenida en la unidad tuvo una variación del 204% mientras que la sobrepoblación aumentó un 338%. En los últimos 3 años, desde el cambio de gestión en el gobierno provincial, la población detenida creció un 15% y la sobrepoblación un 21%, pasando de 215% al 262%, alcanzando el pico máximo de 281% en agosto de 2018. “La sobrepoblación y el hacinamiento son en sí mismas  agravamiento de las condiciones de detención, y también condiciones para que se profundicen los padecimientos de salud y otros hechos de tortura que sufren las personas privadas de libertad. Este caso lo demuestra y pone en claro tanto la responsabilidad estatal en generarlas como la carencia de políticas para evitarlo”, señala el comunicado.

“En estas condiciones inhumanas de detención, nula higiene y limpieza por falta de elementos como lavandina, desinfectantes y otros productos, la confirmación del primer caso de hantavirus muestra la gravedad y previsibilidad del problema. La propagación de enfermedades y el riesgo permanente de vida son moneda corriente en los lugares de encierro. Como viene advirtiendo desde hace años la CPM, las cárceles desatienden sistemáticamente la salud de las personas detenidas, produciendo enfermedades y complejizando las afecciones previas. Entre 2008-2017, el 69% de las muertes ocurridas en el SPB se debieron a problemas de salud desatendidos y en 2017 representaron el 81%. Todas muertes evitables”, agrega el texto.

“La ausencia de políticas sanitarias adecuadas a los contextos de encierro, la falta de recursos, medicamentos, profesionales, campañas de prevención, asistencia compleja y coordinación con las políticas provinciales de salud son problemas que sólo pueden comenzar a solucionarse con una primer decisión política: el pase de la Dirección de Salud Penitenciaria dependiente del Ministerio de Justicia a la órbita del Ministerio de Salud”, reclaman. “Está medida elemental implica incorporar a las personas detenidas y a los espacios de encierro a la política sanitaria de la Provincia. Es inadmisible que no sea así. Pues, tal como lo demuestra la clara falta de prevención para evitar el brote de la enfermedad, la Dirección de Salud Penitenciaria no tiene ninguna política sanitaria seria y delega la gestión de la salud en el servicio penitenciario”, explican.

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