El juicio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción en la obra pública comenzará, finalmente, el 26 de febrero. La defensa había pedido que se postergue por la falta de resultados en algunas pericias.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, conformado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara, señalaron que el juicio está en condiciones de iniciarse aún sin que se hubiera concluido el peritaje testigo solicitado al cuerpo de peritos de la Corte Suprema, porque no será necesario para la primera parte del debate.
Carlos Beraldi, abogado de la ex presidenta, había solicitado que se postergara el inicio del proceso hasta que estuviera concluida la instrucción suplementaria ordenada por el propio tribunal.
Los jueces estimaron que la pericia se incorporará al caso cuando “esté comenzando la etapa de producción de prueba” porque antes se llevarán a cabo los actos de “lecturas de requerimientos de elevación a juicio, cuestiones preliminares e indagatorias que, por la envergadura del expediente, insumirán cuantiosas audiencias”. “Se estima que para el momento en que se incorpore la prueba pericial referida estará comenzando la etapa de producción de prueba, por lo que el ejercicio del derecho de defensa y el pleno contradictorio se encontrarán ampliamente resguardados en tanto los peritos intervinientes concurrirán a declarar luego de presentado su estudio técnico”, sostuvieron.
Los jueces también señalaron que al fijar y confirmar la fecha de inicio del debate oral y público buscaron salvaguardar “especialmente el derecho a un pronunciamiento penal expeditivo, sin dilaciones indebidas y teniendo en especial consideración la prisión preventiva que pesa sobre uno de los acusados”.
La ex presidenta es señalada como coautora de “asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública”, en esta causa que investigó cómo se direccionó la adjudicación de obra pública a las empresas del grupo Báez en Santa Cruz por un valor calculado en 46.000 millones de pesos.
La instrucción complementaria que aún no concluyó implicaba, entre otras cosas, realizar una nueva pericia testigo sobre 5 de las obras sospechadas.
