En 2018 hubo 273 femicidios: 13 fueron en la Región

El relevamiento de La Casa  del Encuentro advierte que una mujer fue asesinada cada 32 horas. Hubo una disminución respecto a 2017, también en la Región.

La asociación civil La Casa del Encuentro informó que durante 2018 hubo 273 femicidios en el país, que se traduce en un crimen cada 32 horas. En la Región hubo 13 casos, Lomas de Zamora y Almirante Brown son los distritos que encabezan la lista, con cuatro asesinatos cada uno.

El Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” detalla que durante el año pasado se registraron 273 femicidios en todo el territorio nacional. Esto se traduce en una muerte cada 32 horas y habla de una disminución frente a los 295 casos de 2017.

Del total, 225 fueron femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 29 femicidios vinculados de hombres y niños. Además, detalla que 250 hijas e hijos quedaron sin madre, 169 (más de 67%) son menores de edad.

 

La provincia de Buenos Aires encabeza el dramático ránking, con 93 asesinatos de mujeres por de violencia de género. En la Región, en tanto, hubo 13 casos: Lomas de Zamora (4), Almirante Brown (4), Avellaneda (3), Esteban Echeverría (1) y Ezeiza (1). No hubo femicidios en Lanús, San Vicente ni Presidente Perón. Vale remarcar que también hubo una reducción frente a los 20 casos registrados en 2017.

Desde la asociación civil destacaron que se redujo el índice de frecuencia en los femicidios que durante 10 años se mantuvo en un femicidio cada 30 horas y en 2018 el promedio fue de uno cada 32. “Si bien es terrible porque estamos hablando de más de 200 mujeres asesinadas por violencia de género, esto nos da la expectativa de poder lograr descender aún más el índice”, afirmó la titular de La Casa del Encuentro, Ada Rico.

El reclamo a la Justicia

De los 273 femicidios, 113 fueron cometidos por esposos, novios o parejas de las víctimas y apenas 23 tenían una denuncia previa. Rico aseguró que “más del 80 por ciento de las mujeres” no hacen la denuncia porque “no creen que vayan a estar protegidas”.

Reclamó, en este marco, que los funcionarios del Poder Judicial de la Nación tengan “una capacitación específica con esta temática” porque “cada caso es único” y “hay muertes que se pueden evitar”.

Políticas públicas

Durante la presentación del Informe, La Casa del Encuentro reclama asignación de presupuesto con perspectiva de género y transversalización de políticas de género en todas las áreas del Estado tanto a nivel nacional, provincial y municipal que identifiquen las partidas en todas las administraciones; estadísticas oficiales unificadas y completas sobre violencia sexista; plena y efectiva implementación de la “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que integran los Tres Poderes del Estado” (Ley.27.499).

También exige inclusión de la perspectiva de género en los concursos a cargos en el Poder Judicial, Ministerio Publico y Ministerio de Defensa; la efectiva implementación de la “Ley de Paridad  de género en ámbitos de representación política” (publicada este viernes en el Boletín Oficial),  para que refleje un real acceso a cargos electivos y a una mayor participación política por parte de las mujeres; Ley Nacional para que las personas denunciadas por violencia no accedan o no ejerzan cargos públicos en el Estado.

También plantea la necesidad de creación de Fueros Especializados en Violencia de Género en el ámbito de la Justicia, con la consiguiente creación de juzgados específicos  en todas las jurisdicciones del país y sistema de turnos las 24 horas; protección integral y efectiva desde una perspectiva de género para la mujer víctima de violencia, tanto en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) como así también en las Comisarias de la Mujer; inmediata reglamentación e implementación con alcance nacional del “Cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de Género” (Ley 27.210).

Solicita, además, asignación de un subsidio económico equivalente a una jubilación mínima por tres años a las mujeres en situación de violencia; inclusión de la “Licencia por violencia de género” en la Ley de Contrato de trabajo y Convenios Colectivos de Trabajo; la efectiva implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), en todos los niveles de educación a nivel nacional con la debida incorporación de la temática de violencia sexista. (Ley. 26.510); tratamiento y sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); efectiva implementación del protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE).

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