El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, precisó que Belice define por estas horas la expulsión o no de Alberto Samid, detenido en ese país. Argentina no tiene acuerdo de extradición, motivo por el que pediría un “acuerdo reciprocidad” para que el empresario declare en la Argentina.
El “Rey de la carne” fue capturado en la isla caribeña de San Pedro, tras haberse salido “ilegalmente de la Argentina el 24 de marzo” y haber pasado por Paraguay y Panamá, antes de arribar a Belice”.
“Es una decisión de Belice expulsarlo o no”, dijo Milman en declaraciones radiales, y ratificó que de no ser expulsado, Argentina pedirá un “principio de reciprocidad” para que Samid sea trasladado al país para declarar.
Según Milman, Samid ingresó a Belice por “turismo”, de acuerdo a lo declarado, y dio un domicilio en el que se iba a alojar. “Cuando la policía lo fue a buscar, él no estaba en ese domicilio”, señaló el funcionario del Ministerio de Seguridad.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló el fin de semana que en la cartera que encabeza “siempre supieron” que Samid se encontraba en Belice, y evaluó que si se confirma su expulsión de ese país podría ser trasladado al país entre “el miércoles o el jueves”. “No creo que Samid vaya a pedir asilo político en Belice. Seguramente, lo que sucederá será la expulsión como consecuencia del cumplimiento de un mecanismo migratorio”, remarcó.
“Siempre supimos que Samid estaba en Belice y que había viajado a ese país cuando decía que estaba en un campo a 12 horas de Buenos Aires. Lo pudimos establecer por las buenas relaciones que mantenemos con las policías de otros países y porque hubo ciudadanos argentinos que lo habían visto en varios aeropuertos”, precisó Bullrich.
El llamado “Rey de la carne” debe comparecer ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE), en el marco de un proceso oral y público por una causa iniciada hace 23 años, por presunta evasión fiscal y asociación ilícita.
Samid está acusado de formar parte de una asociación ilícita a través de la cual se evadían impuestos de la comercialización de carne. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante en el caso, también pidió una condena para el empresario y el resto de los acusados.
