Se reanuda el debate por la baja en la edad de imputabilidad

La de este martes será la tercera jornada de audiencias públicas que apuntan a establecer un nuevo régimen de Responsabilidad Penal Juvenil.

El debate por el nuevo sistema de Responsabilidad Penal Juvenil continuará hoy en la Cámara de Diputados con la presencia de funcionarios, jueces, referentes de Madres del Dolor y representantes de organismos de derechos humanos, que expondrán sobre la edad mínima de responsabilidad penal, los plazos y aspectos vinculados a la duración del proceso.

En la segunda audiencia -en el plenario de comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto y Hacienda- expusieron especialistas de distintos ámbitos. Los ejes de ese encuentro fue la justicia especializada y capacitación de miembros del Poder Judicial y fuerzas de seguridad.

La ministra de Desarrollo Social de La Pampa, Fernanda Alonso, quien además es miembro del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF), criticó la iniciativa al considerar que “es anticonstitucional, retrógrada y avasalla e ignora las autonomías provinciales”.

La abogada Matilde Bruera, ex Defensora Pública Oficial ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Rosario y Subrogante ante la Cámara Federal de Casación Penal, fue tajante con respecto al argumento que relaciona la problemática de la inseguridad con la infancia. “Es distractivo, ya que la incidencia de los menores es muy baja. Son los niños a quienes explotan y resultan ser las víctimas de la inseguridad”, enfatizó.

Gustavo Gallo, defensor público coadyuvante de niños y niñas menores de 16 años de la Defensoría General de la Nación, sostuvo que -a su juicio- “el proyecto carece de la línea de los mandatos constitucionales e internacionales, y va en el camino contrario de lo que recomendó el Comité de los Derechos del Niño”.

Gustavo González Ferrari, juez de Cámara de la Nación y miembro de la comisión redactora, remarcó la “gran demora” que hubo para tratar el proyecto y destacó la “incapacidad democrática para charlar de ciertas cuestiones”. “Perdemos la visión imprescindible de dotar a nuestra sociedad de un marco jurídico que brinde al juez y a los jóvenes de alternativas para no llegar a la instancia de la prisión”, especificó.

Asimismo, Mónica Litza, diputada mandato cumplido y actual concejal de Avellaneda, consideró que es “desacertado e inapropiado el momento” en que se trata la iniciativa del Poder Ejecutivo. En otro orden, Litza resaltó que “en la Argentina la reincidencia es un tema muy importante y en el proyecto está obviado”.

Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, víctima de violencia institucional, contó su trágica experiencia y la “lucha colectiva” que viene llevando adelante para “transformar el horror apostando a la vida”. “Se ensañan con nuestros jóvenes, queriendo bajar la edad de imputabilidad, en vez de dedicarse a sacarles las riquezas que acumulan los narcotraficantes con los pobres”, afirmó Medina. “Ustedes (por los legisladores) van a ser los responsables de lo que salga como ley y el pueblo los va a condenar”, opinó.

También brindaron testimonios jueces, fiscales, especialistas y defensores de menores, de distintas provincias. La próxima semana continuarán las audiencias públicas para debatir el proyecto para reformar el Régimen Penal de la Minoridad y crear un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

Uno de los puntos principales es que el proyecto incluye la baja de edad de imputabilidad. Tiene por objeto establecer la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 al momento de la comisión de un delito.

La ley se aplicará “al adolescente de 15 años que cometiere algún delito reprimido con una pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal o en las leyes especiales”, y a los mayores de 16 y menores de 18 que cometieran “un hecho previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a dos años, o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal”.

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