Instan a EEUU a que “asuma la responsabilidad por actos ilegales de Griesa”


“Vamos a seguir exigiendo que Estados Unidos respete el derecho soberano de seguir pagando la deuda sin interferencias violatorias al derecho internacional”, remarcó y agregó que Argentina seguirá insistiendo ante tribunales y organismos internacionales para concluir este proceso de reestructuración de deuda que comenzó en 2005, "en forma justa, legal, equitativa al ciento por ciento de los bonistas".

En Casa de Gobierno, Timerman dio una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y la consejera Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, quienes dejaron en claro que la demanda presentada ante el Tribunal Internacional de La Haya es “contra los Estados Unidos, en el marco de la controversia entre Estados y no contra los fondos buitre, ni de revisión de las decisiones adoptadas por la Justicia”.

Para el canciller la controversia es porque “las decisiones de los tribunales de Estados Unidos comprometen la responsabilidad internacional de dicho país” y violan la responsabilidad del Estado, según la Carta de Naciones Unidas, apuntó.

Sin respuesta. Timerman denunció que Estados Unidos no ha contestado “ni al país, ni a la Corte si acepta dirimir la controversia nacida de las decisiones ilegales que su país ha permitido, violando la soberanía de la Argentina”.

Timerman consideró luego que es “producto de cierta ignorancia” el planteo del principio de división de poderes, “que son inoponibles ante el tribunal internacional, para desligarse del hecho ilícito. Estados Unidos debe asumir la responsabilidad de los actos ilegales del juez Griesa”.

Críticas a Griesa. El canciller también consideró que las decisiones sobre el pari passu -la cláusula de igualdad de condiciones en las ofertas a los bonistas- “no sólo es arbitraria; se extralimita en la competencia de los jueces” porque abarcó bonos “que no estaban judicializados, afectando a la inmensa mayoría que aceptaron el canje y no son parte del proceso iniciado por los fondos buitre”.

Instó al juez norteamericano a “respetar el derecho internacional”, y reafirmó que la Argentina “no cedió su soberanía” en el tema, al tiempo que señaló que el magistrado pretende “estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad de otro estado miembro de las Naciones Unidas” para que Argentina “no pueda llegar a cumplir el pago de los bonos, forzando su decisión soberana de reestructurar su deuda”.

Denuncia. Timerman denunció además una campaña de agravios de parte de miembros del Congreso de EEUU, al señalar que políticos de ese país han recibido de parte de Paul Singer y sus empresas donaciones directas por más de diez millones de dólares que tienen una única finalidad, que es forzar a la Argentina a pagar a los fondos buitre, para lo cual se ha formado un ‘Grupo de tareas’ sobre la Argentina.

Señaló que la decisión de presentar la demanda se tomó luego que tres funcionarios, entre ellos él, fueron informados oficialmente que funcionarios del Poder Ejecutivo de EEUU habían sido instruidos -por los departamentos de Estado y del Tesoro- a no dialogar con funcionarios de Argentina sobre la deuda y la reestructuración de la deuda.

Reclamo en La Haya. El canciller ratificó que la presentación que realizó el Gobierno se trata de una demanda ante la Corte Internacional de La Haya “por una violación directa a la soberanía, emanada de una decisión judicial de Estados Unidos”, y agregó que después de la presentación, el Poder Ejecutivo estadounidense, a través de funcionarios del Departamento de Estado y del Tesoro que pidieron no ser identificados, rechazaron la jurisdicción de la Corte.

El canciller denunció que EEUU no ha contestado “ni al país, ni a la Corte, si acepta dirimir la controversia nacida de las decisiones ilegales que su país ha permitido, violando la soberanía de la Argentina”.

Y señaló que Argentina optó por presentarse ante la Corte aún sabiendo que EEUU podría negarse a presentarse ante una Corte imparcial, "sabiendo que varias veces no acató sus sentencias en contra de sus acciones violatorias al derecho internacional”.