La explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida en noviembre de 1995, causó 7 muertos y más de 300 heridos.
"Queremos que esos testigos declaren sobre diversos hechos y circunstancias que no fueron tratados o que deben ser profundizados", explicó el abogado querellante Horacio Viqueira, quien efectuó el pedido junto a su par, Aukha Barbero, y junto al fiscal general Alberto Lozada.
El abogado, quien formuló el pedido durante la audiencia celebrada hoy, precisó que, "entre los testigos, hay un policía y vecinos del predio", y agregó que se busca que "precisen cuáles son los movimientos que había en la fábrica durante los días previos a la explosión".
"Estos testimonios son importantes, porque servirán para demostrar cómo prepararnos la escena del crimen, dicho en términos sencillos", enfatizó Viqueira, que aclaró que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nº 2 quedó "en resolver el pedido".
El TOF 2, integrado por Carlos Lascano, José Pérez Villalobo y Mario Garzón, dispuso que mañana continúen las audiencias en las que se juzga a los imputados Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto (eran autoridades de la fábrica); Franke y Edberto González de la Vega (integraban la conducción de Fabricaciones Militares).
Durante el juicio se determinará la situación de los cuatro imputados por la presunta comisión de estrago doloso por muerte de personas, sin que estén incluidos el ex presidente Carlos Menem y el ex jefe del Ejército, Martín Balza, quienes fueron sobreseídos, aunque dicha resolución fue recurrida y aún no fue resuelta.
Varias veces el fiscal y la querella pidieron que sea juzgado Menem, porque "se demostró su directa intervención en los hechos ilícitos (venta ilegal de armas a Croacia)" que se intentaron ocultar con las explosiones "provocadas" en la fábrica de Río Tercero.
En junio de 2013, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (TOPE 3) de Capital Federal condenó a Menem a siete años de prisión por ventas ilegales de armas, entre 1991 y 1995, a Ecuador y Croacia, hecho por el cual también se impuso penas a otros ex funcionarios y ex directivos de Fabricaciones Militares.
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