Tal como sucede cada día 26 desde hace cinco meses, miles de ciudadanos se manifestaron para exigir justicia y verdad por la desaparición de 43 estudiantes en México, un caso por el que hubo nuevas detenciones, pese a que el gobierno mexicano ya presentó sus conclusiones que son fuertemente resistidas por los familiares de las víctimas.
Con las calles de varias ciudades llenas, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó la detención de un ex policía de Iguala, quien habría participado en el asesinato del estudiante Julio César Mondragón, que fue encontrado muerto el 27 de septiembre con la cara desollada.
El detenido, identificado como Luis Francisco Martínez, habría participado también en el ataque al colectivo en que viajaba el equipo de fútbol infantil de Los Avispones, suceso por el que murió un niño, el conductor y la pasajera de un taxi que pasaba cerca.
Un total de seis personas murieron en los ataques policiales perpetrados la noche del 26 de septiembre en Iguala, estado Guerrero: las tres mencionadas y tres estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Mondragón, compañero de los 43 estudiantes que desaparecieron esa noche, fue encontrado al día siguiente y el esclarecimiento de su muerte era una de las principales exigencias de los padres, que no acaban de creer la versión oficial, según la cual los jóvenes fueron secuestrados y entregados por policías locales a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y los incineraron en un basurero del municipio vecino de Cocula.
Por este caso hay detenidas cerca de un centenar de personas, la mayoría ex servidores públicos como el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, acusados de trabajar a las órdenes del narcotráfico.
Pese a que en su última declaración sobre este caso el fiscal general, Jesús Murillo, dijo que tenía suficientes "pruebas científicas" para asegurar que los jóvenes están muertos, varias organizaciones expresaron sus dudas, entre ellas el equipo de peritos argentinos que colaboran en la investigación a petición de los padres.
Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitarán México el próximo mes para investigar posibles irregularidades en las pesquisas que los familiares siempre dieron por descontadas.
Los padres volvieron a participar en una marcha en la capital mexicana, del Monumento a la Independencia a la residencia presidencial de Los Pinos.
Allí se celebró un mitin en que los familiares de los estudiantes exigieron una vez más su aparición con vida y la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto.
"Seguiremos con la frente en alto, con dignidad y luchando inclaudicablemente. No daremos ni un paso atrás, pese a la represión que sufrimos y al Ejército, que nos asedia en Guerrero", subrayó el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, cuyo discurso fue animado por los gritos de los manifestantes de "¡Fuera Peña!".
Rosales afirmó que "la Procuraduría está intentando establecer el cierre del caso" pese a que "hay muchas lagunas que deben ser esclarecidas".
Aun así, reconoce un hilo de esperanza para que la investigación continúe con la llegada a México de la CIDH el próximo 1 de marzo.
Recuerdan a estudiantes mexicanos
