A mediados de febrero, los sindicalistas del transporte se reunieron en un congreso de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte -opositora al gobierno de Cristina Kirchner- y confirmaron una medida de fuerza para el 31 de marzo.
El tiempo concedido entre la decisión y la acción sería una forma de pedirle al Gobierno que actúe en favor de los reclamos y desactive la medida. Pero comenzado marzo, lejos están las mejoras exigidas: no aparecen en agenda novedades respecto del Impuesto a las Ganancias y las paritarias se empantanan entre el 25 y el 30%.
Ese es el motivo que lleva a Moyano -uno de los gremialistas del transporte que fogonean la medida- a buscar que toda la CGT que él dirige apoye el paro. En la tarde del martes habrá una reunión clave.
Posibles adhesiones. También inclinaría a Pablo Micheli a sumar a la CTA que dirige, aunque con su propia batería de exigencias -que incluye desde Ganancias hasta freno a despidos y suspensiones y la derogación de la Ley Antiterrorista.
El que estaría en duda sería Luis Barrionuevo, temeroso de que los transportistas se retracten de la medida al conseguir algún favor del gobierno -ya ocurrió en el caso de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que levantaron la adhesión al último paro de 2014 un día antes y tras una concesión del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
La CGT opositora se sumaría al paro del 31 de marzo
