Así lo hizo a través del decreto 2061/2015, publicado hoy en el Boletín Oficial junto al texto de la normativa y firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof.
La ley 27.181. Declara "de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado nacional que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino y de las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado nacional sea socio minoritario o donde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas posea tenencias accionarias o de capital”.
Prohíbe “su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.
La iniciativa. Establece que para vender esos bienes se necesitará la autorización del Parlamento, con los votos de dos tercios de los miembros de cada Cámara.
Para cumplir con estos objetivos, la normativa contempla la creación de “la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE), como organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado”.
La conducción de esta autoridad de aplicación “será ejercida por un Directorio integrado por cinco miembros” y su presidencia estará a cargo por el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en tanto los restantes integrantes serán el ministro de Economía, un funcionario a designar por el Poder Ejecutivo y dos representantes de la Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas a propuesta de los bloques parlamentarios.
La ley fue sancionada el pasado 23 de septiembre por la Cámara de Diputados tras obtener 127 votos a favor y 84 en contra, con cinco abstenciones.
Promulgan la ley que protege acciones del Estado
