Buscan implementar el Defensor del Pueblo


Ya sea ante acciones repudiables u omisiones de la administración pública o de las empresas prestatarias de servicios, ellos son los responsables de intermediar entre el pueblo y las autoridades. Los Ombudsman tienen el poder que les confiere la democracia y no adoptan un rol imparcial, sino que defienden a aquellos que han depositado su confianza en un gobierno o una empresa y no pueden resguardar sus derechos por propia cuenta. De esta manera, se transforman en representantes de la ciudadanía y los consumidores y/o usuarios.

“La Defensoría del Pueblo es una garantía de derecho. Facilita a la población poder estar cerca del Estado ya que actúa como la voz de los que no tienen voz”, resalta Sebastián Vinagre, ombudsman de Avellaneda, el único distrito de la región que cuenta con esta entidad en funcionamiento desde hace más de una década.

Es que en el resto de los partidos su figura aún está en vías de creación o no es contemplada. Este último es el caso de Lomas de Zamora, donde si bien en 2010 el Concejo Deliberante había pugnado por su nacimiento, la iniciativa se extinguió.

“Nuestra gestión no prohibió la figura, pero creemos que la representatividad del pueblo la tiene el Intendente. No es una de nuestras prioridades porque estamos abocados a la resolución de problemas de la gente”, resaltó a este medio el jefe de Gabinete lomense, Guillermo Viñuales.

Lo cierto es que quienes respaldan el funcionamiento de estas entidades, sostienen que la “democracia tiene sus imperfecciones” y que la tarea de las Defensorías es “mejorar” ese funcionamiento democrático.

“Consideramos necesaria esa figura a nivel distrital porque mejorará las condiciones de vida de la población, ya que les facilitará herramientas rápidas para resolver problemas cotidianos. Pensamos que en un Estado moderno, se requiere una democracia a disposición de la sociedad de forma permanente, que contenga herramientas ágiles para poder afrontar las necesidades de la gente”, señaló el intendente de Almirante Brown y concejal electo por el FpV, Daniel Bollettieri.

A principios de año, el Ejecutivo local elevó un proyecto al Concejo para que se ponga en marcha y, si bien según el Jefe comunal saliente, “tiene despacho positivo”, aún no se concretó.

En Lanús, la situación es similar. La única diferencia es que en este distrito la figura había sido aprobada por ordenanza en 1998, aunque nunca fue reglamentada por el entonces gobierno de Manuel Quindimil. Si bien en 2009 la iniciativa fue reflotada por agrupaciones sociales y bloques opositores en el Concejo, tampoco logró ponerse en pie.

“Este es un proyecto que venimos presentando desde hace mucho tiempo. Estamos tratando de consensuar y tratarlo. Vamos a ver ahora si tenemos la posibilidad de hacerlo con este Cuerpo y si no, con el próximo”, resaltó el concejal Jorge Schiavone, que en diciembre renovará su banca en el recinto.

“Estamos en plena discusión de este tema y es muy probable que salga porque hemos pedido transparencia y que alguien controle cuando éramos oposición y ahora que seremos gobierno, no borraremos con el codo lo que escribimos con la mano”, aseguró, en referencia al nuevo gobierno de cara a diciembre.

La Defensoría del Pueblo es un “órgano de garantía unipersonal, autónomo e independiente” que promueve los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía y fue incorporado a la Constitución provincial a partir de la reforma de 1994.

La creación de la entidad implica que su responsable sea electo por la Legislatura o los respectivos Concejos Deliberantes con el voto de las dos terceras partes de los miembros de esa cámara. El ombudsman permanece en su cargo por cinco años, pudiendo ser designado para un segundo período.

En la Provincia funcionan 11 defensorías y poco más de 50 en todo el país. “Desde que se crea la democracia, ésta tiene errores. Por eso se van creando anticuerpos, organismos de control, como el tribunal de cuentas, las procuradurías. Esto es similar”, advierte Vinagre.



¿Sobre qué se puede reclamar?



• Vulneración de los DD.HH.

• Derecho a la educación y a la salud pública

• Control de calidad de alimentos

• Maltrato o mala atención en hospitales, escuelas, comisarías, oficinas.

• Cualquier tipo de discriminación

• Contaminación ambiental

• Espacios verdes y vía pública

• Problemas edilicios, vecinales y de tránsito.

• Fallas en servicios públicos

• Defensa de consumidores y usuarios