También pidieron el diseño de otras líneas de investigación, e iniciaron una protesta por tiempo indefinido frente a la residencia presidencial en la capital.
"El motivo principal (de la manifestación) es para demandar que se nos informe cómo van con la creación de una fiscalía especial para el caso", dijo el asesor legal de los padres, Vidulo Rosales.
Padres de los 43 desaparecidos, estudiantes y organizaciones civiles realizaron ayer una marcha en Ciudad de México para denunciar un "empantanamiento" en la investigación, ya que no han recibido un informe oficial.
"Entendemos que las negociaciones están avanzando con los expertos independientes, pero queremos que les digan a los padres cómo van", abundó Rosales, y añadió: "Les recordamos que desde esa noche nuestros compañeros no aparecen y que ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!".
La protesta. Ante fuertes medidas de seguridad y decenas de policías, los padres instalaron una carpa frente a las vallas que se habían instalado en la cercana Avenida Calzada de Chivatito para proteger el recinto presidencial.
Minutos antes, realizaron un acto en el que explicaron que el objetivo de la protesta es exigir el nombramiento de un grupo técnico de investigación para que realice las nuevas líneas de búsqueda.
Uno de los voceros de los padres, Felipe de la Cruz, informó que esperan que los dejen hacer el plantón indefinido porque es su derecho y explicó que seguirán allí hasta que el gobierno los reciba.
Aunque la marcha transcurrió sin incidentes, en ella participó un grupo de encapuchados, quienes al llegar a Los Pinos, residencia presidencial, intentaron increpar a los policías y lanzaron gritos, aunque se retiraron después de que los propios padres se lo solicitaran.
El caso. Ayer se cumplieron 14 meses desde que el 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa que se desplazaban en varios ómnibus fueran atacados a tiros por policías corruptos en Iguala, en Guerrero, presuntamente por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca.
En los ataques murieron seis personas, entre ellas tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula.
Sin embargo, en un informe presentado en septiembre, los expertos de la CIDH concluyeron que no había pruebas científicas que confirmaran que los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en ese lugar, como aseguró la fiscalía, pidieron continuar la búsqueda de los alumnos y abrir nuevas líneas de investigación.
Este caso conmocionó a la sociedad mexicana e internacional y sacó a la luz la complicada situación de violencia que vive el estado de Guerrero y municipios como Iguala o Tixtla, donde se encuentra la escuela Normal a la que pertenecían los alumnos.
Precisamente ayer por la mañana, cuatro policías comunitarios fueron asesinados a tiros, a solo tres días de que se celebren elecciones extraordinarias en este municipio.
Los integrantes de la Policía comunitaria de Tixtla se desplazaban en una camioneta cuando fueron atacados por un grupo armado en el barrio del Fortín, donde la agrupación tiene su base.
Los cuerpos de las víctimas quedaron esparcidos en el lugar y poco después fueron levantados por sus familiares, quienes impidieron que los peritos se acercaran a la escena.
Las elecciones del 7 de junio pasado fueron anuladas en Tixtla por el tribunal electoral de Guerrero tras el boicot al proceso realizado por familiares y compañeros de los 43 jóvenes.
Nueva protesta por estudiantes desaparecidos
