Griesa y nuevas condiciones para levantar restricciones


Se trata de un drástico giro en la posición del magistrado, que ahora accede al pedido argentino de levantar la restricción que pesa sobre el país desde junio de 2014 para pagar o emitir deuda externa, tras las oferta presentada a los holdouts el pasado 5 de febrero, y que fue acordada con un número importante de acreedores a través de la mediación de Daniel Pollack.

No obstante, Griesa antepuso dos condiciones, y una de ellas no depende de las voluntad del Ejecutivo, sino del Legislativo, y también elevó un pedido de permiso a la Corte Superior para proceder a ejecutar la orden.

Asimismo, si las condiciones se cumplen, no será necesario que la Argentina acuerde con el 100% de los holdouts para poder realizar pagos al exterior o, si quisiera, volver a emitir deuda a los mercados.

De esta forma, se debilitó la estrategia de los fondos buitre más díscolos, como NML, de Paul Singer, o Aurelius, de Mark Brodsky, que ahora quedaron arrinconados y muy posiblemente se vean obligados a ingresar a la oferta si quieren cobrar.

De lo contrario, si no acuerdan antes del 29 de febrero, los fondos buitre no tendrán forma de obligar a la Argentina a pagarles lo que pretenden, salvo que encuentren algún activo para embargar, algo que a esta altura, luego de los acontecimientos en estos últimos 14 años de juicio, es de una probabilidad casi nula; o de otra manera, es casi imposible.

En lo que respecta a las condiciones para liberar la "injuction" que se encuentra vigente desde junio de 2014, que impide el pago a los bonistas reestructurados, Griesa pidió hoy el levantamiento efectivo de todos los "obstáculos legislativos" con el fin de la denominada Ley Cerrojo y Ley de Pago Soberano, y que el gobierno argentino se comprometa a pagar en "full" bajo los términos acordados con los holdouts hasta el 29 de febrero.

En su pronunciamiento, el magistrado elevó además un pedido de permiso para tomar la decisión al Tribunal de Apelaciones de Nueva York, su instancia superior.

En un documento de 23 páginas, Griesa argumentó que "la República (Argentina) y un número de demandantes piden al tribunal que levante las restricciones", ya que "ellos argumentan que el efecto de la continuidad de su vigencia ya no es más equitativo".

Griesa ahora considera el bloqueo a los pagos del país como "en detrimento del interés público", debido "al cambio de circunstancias" generado en los últimos meses a partir del cambio de administración en Argentina y la decisión del nuevo gobierno de llevar negociaciones efectivas en el marco de la mediación de Daniel Pollack.