La iniciativa, que ingresó ayer por el Senado, impulsa la emergencia administrativa y tecnológica por un año, "como primer paso de un plan integral de reforma de la gestión pública" propuesto por Vidal.
El principal objetivo del proyecto, elaborado por Roberto Gigante, ministro de Coordinación y Control de Gestión; es reducir los plazos de las licitaciones públicas, que actualmente demoran alrededor de 6 meses para la adquisición de bienes y servicios de las diferentes áreas del Estado provincial.
Además, se pretende que los diferentes organismos de control -Fiscalía de Estado, Asesoría General de Gobierno y Contaduría General- intervengan con sus informes previo a la adjudicación, con 3 días de plazo; si después de ese plazo no se expidieron, la compra se da por aprobada y sigue adelante.
El proyecto plantea que la selección del procedimiento de emergencia debe estar fundado; detalla que todo proceso se debe publicar en el Boletín Oficial y en la página web del ministerio; explicita que se debe notificar a las cámaras que se hayan adherido y dice que la adquisición del bien llevará la firma de la máxima autoridad de la jurisdicción.
Con el objetivo de que haya transparencia en el proceso, se solicitarán 3 ofertas, y también se aceptarán las que surjan espontáneamente, "dado que se garantiza la publicidad de los procedimientos".
Las fuentes del Poder Ejecutivo remarcaron que "la emergencia administrativa no implica la caída de contratos ni congelamiento de las plantas permanentes, ni toca la ley 10.430".
La emergencia tecnológica fue justificada por el Gobierno a partir del hecho de que la provincia "tiene un déficit de mil millones de pesos en infraestructura tecnológica, lo cual se traduce, por ejemplo, en no tener un sistema de liquidación de sueldos unificado (hay 25) o bien en que los tres organismos encargados de llevar las cuentas de la provincia (Contaduría, Tesorería y Economía) no tengan un sistema de administración financiera integrado, sino que cada uno lleva el suyo y se comunican vía CD o disquete".
Además, ingresó el Ejecutivo por la Cámara alta un proyecto de modernización de la administración pública de la provincia de Buenos Aires a través del cual se busca establecer un sistema de gestión de resultados; mecanismos de atención ciudadana y participación (como ventanilla única de trámites sistema de datos abiertos y participación ciudadana) y gobierno electrónico (firma digital; compras electrónicas; digitalización de archivos, documentos y datos; y sede electrónica).
La Provincia busca declarar la emergencia administrativa y tecnológica
