La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner salió pasadas las 9 de su departamento de Recoleta en dirección a Retiro, donde están emplazados los Tribunales de Comodoro Py. Arribó al edificio poco antes de las 10.
Se trata de la causa por la venta del dólar a futuro que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó en noviembre del año pasado y por la cual el juez federal Claudio Bonadio acusó a la ex presidenta sin que los denunciantes, los entonces diputados opositores Federico Pinedo y Mario Negri, la hubieran incluido en su presentación.
Bonadio imputó a Cristina y a otros doce funcionarios, incluido el ex titular del Central, Alejandro Vanoli, por el supuesto delito de "defraudación a la administración pública", prevista en el artículo 174 del Código Penal, que fija penas entre dos y seis años de prisión para quien estafara al Estado ocasionándole pérdidas.
Pero también imputa a la ex presidenta y al ahora diputado Kicillof de encabezar una "asociación ilícita".
Bonadio la acusó en febrero de haber ordenado o autorizado a Vanoli la venta de dólar a futuro a un precio algo mayor a los 9 pesos de la cotización oficial de fin de la gestión kirchnerista, lo cual habría representado "una pérdida de 17.000 millones de dólares" a la institución monetaria.
Bonadio ratificado al frente de la causa. La Cámara Federal confirmó el martes al juez federal en la investigación por supuestas irregularidades en la venta de dólar futuro.
Declaró Kicillof. Axel Kicillof presentó un escrito ante el juez federal Claudio Bonadio y consideró que es “absurda” la investigación. “Esta es claramente un caso de denuncia política armada, no hay ninguna acusación”, aseguró en las puertas del Palacio de Justicia.
“La acusación es tan absurda que no se por donde comenzar la explicación”, sentenció el ex ministro de Economía el mismo martes, fragmento leído del escrito presentado.
Vanoli también declaró. El ex titular del Banco Central justificó la semana pasada la operación como habitual desde 2005 y ceñida a las obligaciones que fija la carta orgánica del BCRA de "formular la política cambiaria que además aprueba el Congreso" a través de su Ley de presupuesto, que entonces era evitar la devaluación brusca para contener la inflación.
Negó también que esas operaciones hubieran generado pérdida de reservas, como aseguró el juez en la imputación, porque se pactan en pesos, y sostuvo que no guarda relación con el alza de precios que, a su entender, fue resultado de la devaluación y el levantamiento del cepo cambiario posterior al cambio de gobierno.
Cristina Fernández ya se encuentra en Comodoro Py
