El veto se oficializó a través el decreto 701/2016 publicado en el boletín oficial, en el que advierte, entre otras cuestiones, que "su aplicación congelará los empleos.
“Obsérvase en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el N° 27.251”, ordena la resolución, al tiempo que dispone que se lo devuelva al Congreso de la Nación.
Para explicar su rechazo la norma, el Poder Ejecutivo arranca sosteniendo “que uno de los grandes objetivos propuestos por el Gobierno es avanzar hacia la pobreza cero, y que para lograrlo se encuentra realizando acciones y políticas para crear millones de puestos de trabajo, a los fines de que la mayor cantidad posible de habitantes de la República Argentina tengan trabajo”.
En ese marco, añade que “ello incluye a los trabajadores registrados actuales -que son los que contempla la norma sancionada- pero también a los trabajadores informales, a los futuros trabajadores y a los miles de jóvenes que deberían ser incorporados al mercado de empleo”.
Asimismo, indica “que, por otro lado, la no diferenciación de la modalidad contractual que impone el artículo 2° del proyecto de ley sub examine importa desconocer las particularidades de los distintos tipos de contrataciones que se utilizan en las relaciones laborales, como por ejemplo las celebradas a plazo fijo, eventuales, por equipos, o las previstas para la industria de la construcción, entre otras, afectando los principios de igualdad y de razonabilidad”.
También, subraya que “el Gobierno está adoptando las medidas necesarias para generar confianza y que se concrete un período de expansión de la inversión y crecimiento económico y, por lo tanto, de generación de empleo genuino".
El Gobierno oficializó el veto a la ley antidespidos
