El diputado nacional del Frente para la Victoria Adrián Grana, que integra las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión que ayer trataron, por vez primera, el proyecto de “sinceramiento fiscal” y “reparación histórica a jubilados”, argumentó las críticas de buena parte de la oposición a la iniciativa, a la que calificó de “ley ómnibus”, “extorsiva” y “engañosa”.
Es que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo incluye, en 94 artículos y un anexo avalado por la Escribanía general del Gobierno de la Nación, varias temáticas sensibles: desde una moratoria a quienes posean capitales en el exterior y se comprometan al pago de un diez por ciento de esos fondos hasta la gradual eliminación de impuestos como Bienes Personales y Ganancias, pasando por la ratificación del acuerdo entre la Nación y las provincias para la devolución del 15 por ciento de coparticipación.
“La opinión generalizada es que ahí debería haber cinco leyes, no una. Son temas muy diversos que están pegados antojadizamente y de una manera extorsiva. El tema de la convalidación del acuerdo de los gobernadores con el Ejecutivo nacional con respecto a la devolución del 15% no tiene mucho que ver en el sistema (de jubilaciones), pero lo que están haciendo es intentar meterle capítulos a la ley que deberían ser tratados aparte para generar mecanismos extorsivos para el acompañamiento del blanqueo”, denuncia Grana, en alusión a la búsqueda del apoyo de los gobernadores y los legisladores que responden a las provincias.
“El 15 por ciento de coparticipación no tiene nada que ver con jubilados y blanqueo, lo ponen en la misma ley para generar presión y juntar votos”, indicó a Info Región.
En ese marco, desde el kirchnerismo piden más tiempo para trabajar en consensos con el oficialismo. Es que las comisiones continuarán el análisis del proyecto el martes y, según se prevé, ese día Cambiemos buscará darle dictamen a la iniciativa. En ese caso, Grana aseguró que trabajarán en “una alternativa”.
“Con la justificación del pago a los jubilados, lo único que les interesa es el blanqueo de capitales porque esto termina siendo favorable a los mismos sectores a los que les vienen haciendo favores. Sin repatriar la plata, pueden blanquear los capitales”, señaló y, en ese sentido, diferenció el espíritu de la norma con la repatriación de capitales propuesta otrora por el kirchnerismo.
“Esto es una moratoria. Se premia a quien no pagó. Se los perdona de todas las leyes impositivas y las delaciones ya que, solamente pagando el 10 por ciento de lo que tienen afuera (pagando, no trayéndolo, aclara) quedarían liberados. O sea que puede quedar esa plata en el exterior. Sólo pagan el 10 por ciento de la multa que se está estableciendo y están perdonados, y con eso no alcanza tampoco para pagarle a los jubilados”, sentenció.
Fondos para la “reparación histórica”. El proyecto de Ley aspira a declarar la "emergencia en materia de litigiosidad previsional" que, con vigencia por tres años, busca pagar a los jubilados que iniciaron juicios por ajuste de haberes. Lo cierto es que, según Grana, esa iniciativa es “sólo un engaño” para habilitar el blanqueo.
“Es una ley engañosa porque, detrás de los jubilados, todo esto es para justificar el blanqueo. Ata una cantidad de cuestiones distintas para tratar de generar compromisos alrededor de esto por otros intereses, como ser ‘vos me votas el blanqueo y yo te devuelvo el 15 a las provincias’, en una ley que debería ir aparte”, criticó.
A su vez, alertó sobre las intenciones del Ejecutivo de “desfinanciar” el sistema para volver a uno de tipo privado, al mejor estilo AFJP. En ese marco, criticó la posible venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que prevé el proyecto.
“Respecto del pago de las sentencias, lo atan a la posibilidad de financiamiento de esa ampliación de la masa jubilatoria, que termina siendo de 76 mil millones de pesos más al año. El blanqueo de capitales, con toda la suerte, puede llegar a traer 30 mil millones de pesos, si sale bien, por lo tanto lo que están pensando, como dice el proyecto, es la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad porque habilita a la venta de acciones y activos del fondo”, explicó.
Eso, sumado a la reforma tributaria que habilita la eliminación de los impuestos de bienes personales y ganancia presunta, forman parte de un esquema de desfinanciamiento del sistema, según Grana.
“Hay un principio de reforma tributaria complejo con la eliminación de impuestos que, con algunas modificaciones, podrían ser de los menos regresivos, en otro beneficio a los más pudientes. Uno de los capítulos dice que quienes son cumplidores no pagarían bienes personales durante tres años porque hay una apuesta a que desaparezca el impuesto y eso lo dijeron ayer en las comisiones. Creemos que eso tendría que tomarse de una manera distinta”, resaltó.
Y resumió: “Entre la baja de impuestos que financiaría el Estado, la pérdida de masa salarial que es la que financia la cotidianeidad del pago a jubilados, porque si hay menos trabajadores activos hay menos plata para pagarles y la potencial venta de los activos del fondo de garantías, lo que estás haciendo es ir a un esquema de desfinanciamiento que puede llegar a hacer detonar el sistema y esto serviría como excusa para volver al sistema de las AFJP”.
La solapada vuelta a la privatización del sistema de jubilaciones es la excusa que emitieron ayer desde el kirchnerismo para oponerse al proyecto en el debate del plenario. “Esto es desfinanciamiento para que se detone el sistema y que haya que buscar alternativas sustentables. ¿Esto qué significa? La vuelta al sistema de privatización del sistema jubilatorio. ¿Por qué? Porque se va a desfinanciar por la venta de activos, por el incremento de la masa salarial de la jubilación y por la reducción de todo el sistema tributario impositivo de los sectores más pudientes. Es una ley ómnibus que, al momento de la discusión o sesión informativa de ayer, no habíamos tenido ni 18 horas para estudiarla”, se quejó.
Y reiteró que el conjunto de la ley “es una gran trampa”. “Nos parece una barbaridad el tipo de tratamiento exprés a una ley de este volumen. Lo fundamental de esto es el pago a los jubilados y en eso estamos de acuerdo todos. Mi opinión es que tiene que haber cinco leyes y hay un amplio consenso en eso porque ésta una ley ómnibus”, sostuvo y, en el caso del blanqueo, pidió “restricciones más amplias para los familiares de los funcionarios”. “Sino parece un blanqueo hecho a medida”, fustigó.
Cintia Vespasiani
Para el FpV, es una ley “tramposa” y “extorsiva”
