Desde el GEN lo habían advertido a Info Región y desde las provincias lo confirman. El pedido de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para descongelar el llamado “Fondo del Conurbano” se topará con el peso de los gobernadores, que no consideran una buena idea nutrir lo que recibe la Provincia en concepto de coparticipación a costa de una parte de la porción que le corresponde al resto de las provincias.
“Yo no discuto los beneficios y las necesidades que pueda tener la provincia de Buenos Aires porque el Fondo está congelado desde hace mucho tiempo, pero obviamente calculo que ninguna de las provincias va a aceptar que le saquen capitales para aumentar ese Fondo del Conurbano bonaerense, más allá de la justicia que necesita”, reclamó el senador nacional del FpV por Entre Ríos Pedro Guastavino,y, en cambio, advirtió que “la materia pendiente es una nueva Ley de Coparticipación”. “Como todos saben, es una ley convenio y tienen que estar todas las provincias de acuerdo conjuntamente con el Poder Ejecutivo”, fustigó.
La problemática de raíz radica en la falta de actualización de los montos que se establecieron al momento de aprobarse y entrar en vigencia el llamado Fondo del Conurbano, creado en los años ‘90 por el menemismo. Por ese entonces, el Fondo equivalía a un 10 por ciento del Impuesto a las Ganancias, que iba destinado exclusivamente para la provincia de Buenos Aires, mientras que un 4 por ciento se repartía entre todas las demás provincias.
Por ese entonces, ese diez por ciento significaba una masa de 650 millones de dólares, en el marco de la convertibilidad del peso y el 1 a 1. No obstante, en 1995 esa cifra se congeló, pese a que hoy el 10% de Ganancias equivaldría a unos 47 mil millones, según la propia Vidal.
“Por supuesto que esto sería injusto. La distribución de la coparticipación tiene que ver con una ley”, cuestionó el representante de Entre Ríos y advirtió que “todas las provincias necesitan fondos y tienen necesidades”.
En ese marco, resaltó que hay medidas, como la reciente ley aprobada que reintegra el IVA a jubilados y beneficiarios de planes sociales en las compras a comercios minoristas, que “han perjudicado a las provincias”.
“La ley que aprobamos en referencia a la devolución del IVA a los sectores sociales más complicados repercute en las provincias porque el Estado nacional deja de recaudar un cálculo de aproximadamente 30 mil millones de pesos, de los cuales 11 mil millones de pesos se distribuían en las provincias”, explicó y detalló: “Concretamente, a la provincia de Entre Ríos se le va a adjudicar entre 250 y 300 millones de pesos menos”.
“Si el Poder Ejecutivo decirle sacarle el IVA a ciertos sectores de la sociedad por decisión propia, debería afrontar los costos fiscales desde su propia recaudación y no afectar lo que le corresponde a las provincias. Ya ha habido planteos judiciales en referencia a esto”, criticó.
Cintia Vespasiani
Admiten que las provincias pondrán reparos
