Obtuvo media sanción el proyecto para declarar la Emergencia Social


La iniciativa aprobada por 227 votos contra uno declara la emergencia social hasta diciembre del 2019 y establece un refuerzo adicional de las partidas en unos 30.000 millones de pesos, para lo cual se autoriza al jefe de Gabinete a hacer las reasignaciones presupuestarias para garantizar los fondos necesarios.

De todos modos se establece que esas reasignaciones presupuestarias no podrán afectar los recursos destinados a los gastos sociales sino que deberán obtenerse de otras partidas que están contempladas en el presupuesto.

El proyecto contó con el respaldo de Cambiemos, el Frente Renovador, el Movimiento Evita, el bloque Justicialista y el Frente para la Victoria-PJ, Progresistas, pero no fue votado por la izquierda, que optó por la abstención.

El debate. Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), aseguró que el proyecto que declara la emergencia social hasta 2019 “viene a reconocer el duro diagnóstico de los últimos años y a agregar institucionalidad a lo que antes era el conflicto social en las calles, en un marco de diálogo que no existía hasta hoy”.

Laspina agregó que el proyecto de emergencia social “mejora los derechos sociales y las condiciones laborales de los trabajadores de la economía popular” y que “no es una ley en contra del Gobierno sino que ratifica las prórrogas de los últimos años y viene a reconocer un duro diagnóstico”.

Desde el Movimiento Evita, la diputada Lucila De Ponti destacó la importancia del proyecto ya que aseguró que busca “achicar la brecha entre los distintos segmentos de la clase trabajadora”.

De Ponti, de la agrupación que impulsó el proyecto de emergencia social, resaltó la necesidad de construir políticas públicas “que permitan consolidar nuevos sujetos de derecho”.

Su compañero de bloque, Leonardo Grosso afirmó que el acta firmada entre el Gobierno y las organizaciones populares se convirtió "en la primer paritaria de la economía popular" y calificó de "broche de oro” a la ley que declara la Emergencia Social.

Críticas. Desde la izquierda, el diputado nacional del FIT, Néstor Pitrola, cuestionó fuertemente el proyecto acordado entre el Gobierno nacional y los movimientos sociales al considerar que se trata de ”una tregua sin antecedentes”.

Tras anticipar la abstención de esa fuerza a la hora de votar el proyecto, el diputado del FIT advirtió que esa “tregua está coordinada con la CGT”, a la vez que cuestionó la creación del registro de la economía popular contemplado en el proyecto, al sostener que se trata de “un registro de los candidatos a la precarización laboral”.

El proyecto. La iniciativa que obtuvo media sanción tiene como objeto "promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional".

Además dispone la creación del "Consejo de la Economía Popular y el Salario Social", que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro respectivo.

Asimismo, establece la creación de un Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP) “a los efectos de la inscripción de los trabajadores de la Economía Popular que serán alcanzados por los beneficios del Registro”.

De acuerdo al proyecto, los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario.