La semana pasada, Viviam Perrone, Matías Bagnato, Isabel Yaconis y otros tantos familiares de víctimas aún guardaban esperanzas de que mañana el Senado le dé sanción definitiva a un paquete de leyes penales para rever las excarcelaciones y salidas anticipadas de los condenados. Mañana era el día en que se apostarían frente a las escalinatas del Congreso. No obstante, la decisión oficial de suspender el tratamiento de los proyectos –previstos en el temario de extraordinarias- despertó no sólo angustia, sino también indignación en las cientos de familias que pugnan por estas leyes.
Es por eso que desde temprano se encuentran frente al Palacio Legislativo, donde esperan ser recibidos por los senadores Miguel Pichetto y Liliana Negre de Alonso. “Estamos acá hoy para que estos proyectos entren en el temario. Si no se consideran hoy, mañana es inútil. Lo más impactante de esto es cómo los presos pueden ejercer esta presión”, apunta a Info Región Isabel Yaconis, madre de Lucila, que tenía 16 años cuando fue asfixiada al resistirse a una violación.
Aunque los proyectos venían encaminados y muchos de ellos, como el que establece un régimen de protección a los derechos de las víctimas de delitos, tienen ya media sanción, se frenaron con motivo de las repercusiones que generaron hacia dentro de las cárceles.
Es que desde fines de la semana pasada hubo principios de motines en Olmos, La Plata, Florencio Varela y Devoto, donde varios prisioneros se declararon en huelga de hambre y otros prendieron fuego sábanas, banderas y colchones.
Con ese panorama en los penales y el oficialismo abocado a sancionar Ganancias, el Gobierno hizo saber, a través de Federico Pinedo, que se pospondrá el tratamiento de las leyes pedidas por las familias hasta el comienzo del período de sesiones ordinarias de 2017.
“Los presos anteriormente han hecho terribles daños. Estragos. Hay muchos que son asesinos. Que ellos puedan dominar desde adentro de los penales es algo muy serio para una sociedad que quiere vivir en armonía. Realmente nos ha impactado, no lo podemos creer”, señala Yaconis, que se encuentra frente al Congreso con varias familias.
De forma similar se expresó Matías Bagnato, único sobreviviente de la conocida como “masacre de Flores”: “Lo que nos llevó a nosotros a venir hoy y no mañana es que, a raíz de los motines, decidieron que todos los paquetes de leyes de referencia penal pasen para el año que viene. Nos parece inadmisible e intolerable que los presos puedan manejar el Congreso desde adentro de las cárceles. Es algo que no se puede creer”.
Son cuatro las iniciativas de ley que, aun incluidas en el temario de sesiones extraordinarias antes de que culmine el período legislativo, permanecen frenadas. Una es la de protección a los derechos de las víctimas de delitos, que logró media sanción en Diputados a mediados de noviembre y ahora permanece en stand by en el Senado. “Incluye la figura del abogado y los centros de atención a la víctima, que permite a la misma estar informada a lo largo de todo el proceso”, señala Matías.
Otra es la modificación de la ley 24.660 de Ejecución Penal, para limitar las salidas transitorias y la libertad condicional en los casos de delitos graves, y la que pide por ponerle fin a las excarcelaciones y pugnar por el cumplimiento efectivo de las penas, todas ellas incluidas en un paquete de leyes que prevé introducir modificaciones a la Ley 27.063 del Código Procesal Penal de la Nación.
Otra promesa era la ley para endurecer las penas en los casos de delitos viales, que arrastra una media sanción de Diputados desde junio de 2015 y un tratamiento dilatado en el Senado, que le introdujo modificaciones recién hace veinte días, haciendo que la iniciativa requiera una nueva convalidación de la Cámara baja.
“Es muy importante que salgan estos proyectos. Nadie está en contra de esto. No estamos pidiendo más penas. Porque quizás no es claro. No pedimos endurecimiento de las penas, sino que se revean las solicitudes de salidas anticipadas o una condicional cuando le llegan a los jueces”, asegura Yaconis.
Y considera que previo a las excarcelaciones y las transitorias “es necesario volver a ver bien de qué se trata”. “Tienen que pasar por una evaluación psicológica y psiquiátrica en caso de presos peligrosos. Eso es lo que se está solicitando, que se termine con la puerta giratoria, un poco más de seriedad en esas decisiones”, explica.
El proyecto que tiene media sanción, de hecho, establece nueve pasos obligatorios para que el juez otorgue la libertad, que incluyen el historial criminal, psiquiátrico, de violencia de género e información y opinión de la víctima del delito, entre otros.
Cintia Vespasiani
“Es inadmisible que los presos manejen el Congreso”
