Desde la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) difundieron una declaración en la que repudiaron el pedido de juicio político del Gobierno, a cargo del Ministerio de Trabajo, contra los camaristas que, durante la feria judicial, habían avalado la paritaria bancaria, ordenando que todas las entidades cumplieran con el acuerdo salarial firmado en noviembre por dos de las cuatro cámaras empresarias.
Los cargos que apuntaron contra los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, que integran la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, son mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, incumplimiento de la Constitución Nacional, arbitrariedad y falta de imparcialidad.
Es luego de que ambos dictaran, a fines de enero, una cautelar en la que consideraron válido el acuerdo que los gremios habían firmado con Adeba (bancos privados de capital nacional) y Abappra (bancos públicos), y ordenaba que todos los bancos, incluidos los extranjeros nucleados en ABA que lo rechazaban, debían pagar según los términos de lo acordado en noviembre del año pasado.
“Es un nuevo ataque a la independencia judicial. Se trata de uno más de los sistemáticos ataques a los jueces laborales, en este caso fundado en el contenido de sus sentencias. El caso reviste mayor gravedad, puesto que la sentencia en cuestión resolvió una medida cautelar en favor del sindicato de empleados bancarios La Bancariay en contra de la injerencia del Ministerio de Trabajo en la negociación colectiva, ordenando la homologación del acuerdo salarial que había sido suscripto libremente por las partes, pero que el Gobierno planeaba desconocer”, señalaron en una declaración firmada por el presidente de la AAL, Matías Cremonte, y su secretaria, María Paula Lozano.
En ese marco, apuntaron que “pretender sancionar a los jueces por el contenido de sus sentencias atenta contra la independencia del Poder Judicial y contra el Estado de Derecho”. “El accionar antisindical del Ministerio de Trabajo encontró un freno en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, siendo ello parte del esquema de controles entre los Poderes. La reacción del Gobierno de pretender destruir a esos jueces es absolutamente antidemocrática. Es evidente que se intenta impedir que los jueces laborales fallen en favor de los sindicatos y contra la ilegal intervención estatal”, dispararon.
Denuncian “ataque a la independencia judicial”
