El Régimen de Protección de los derechos de las víctimas de delitos tiene media sanción de Diputados desde noviembre y era uno de los proyectos que debían tratarse antes de cerrar el 2016, cuando se lo incluyó en el temario de extraordinarias. Sin embargo, tanto esa iniciativa como otras de estirpe penal se vieron increíblemente frenadas con motivo de las repercusiones que generaron hacia dentro de las cárceles, con motines incluidos.
Por estos días el Senado reactivó el debate en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda y Derechos y Garantías. Del mismo ya participaron algunos familiares de víctimas y el martes 18, desde las 14, será el turno de Matías Bagnato (único sobreviviente de la masacre a su familia), Carolina Píparo (madre de Isidro Buzali) y Emmanuel Terrón (hermano de Matías).
“Estamos convencidos de que tiene que haber una Ley Nacional de Protección de los Derechos y Garantías de las Víctimas, por eso estamos citando a todos los que tienen algo que aportar a este proyecto”, apuntó el senador del PJ- FpV Pedro Guastavino, que preside el plenario.
Y es más que “algo” lo que ellos, como representantes del colectivo “Para que no te pase”, como tantos otros, tienen para decir. Aunque todos coinciden en la necesidad de “tener los mismos derechos y garantías” que quienes son juzgados, Terrón le apuntó a Info Región la principal situación que buscan modificar con su presencia.
“Matías se va a enfocar en la etapa de ejecución penal y, como mi caso no tiene ni un año, yo voy a hablar de la instrucción penal, que es la primera etapa. Nuestra idea es volcar nuestra experiencia a los senadores para que salga una ley fácil de aplicar en todas las provincias”, señaló.
Emmanuel hace referencia a una lucha pendiente de todos los damnificados por el delito. Lograr mayor incidencia de las familias y un cambio de conducta de los jueces en dos etapas clave: la Procesal, previa a la sentencia, y la de Ejecución Penal, cuando la misma debe hacerse efectiva.
“En mi caso, en el proceso penal estoy en una etapa instructoria, constituido como particular damnificado. Pero es el fiscal el que acepta o deniega mis medidas. No participo en la formación de la prueba ni tampoco en la ejecución penal, sólo lo hago en el juicio oral”, señala.
Y advierte que, de esta manera, los familiares quedan “totalmente relegados” en estas dos etapas del proceso penal, “que son muy importantes”. “Una es la que forma la prueba, la instructoria, y la otra es cuando se ejecuta la condena. Nosotros deberíamos poder opinar, informar si tuvimos amenazas, por ejemplo, y ni siquiera estamos informados. Es necesario que nosotros podamos participar en el cien por ciento del proceso penal y no como meros espectadores, sino como querellantes”, resume.
Y toma como ejemplo el reciente caso del asesino de José Luis Cabezas, Gustavo Prellezo, que juró y se matriculó como abogado a pesar de ser un condenado con sentencia firme, mientras que Gladys, su hermana, se enteraba por los medios de la triste noticia. Luego, el Colegio de Abogados de Quilmes le revocó la autorización. O la también cercana libertad asistida para la “Hiena” Barrios, antes de cumplir con la totalidad de su condena, por supuesta buena conducta.
Más reciente aún es la libertad condicional otorgada por el juez de Ejecución de Penas de Entre Ríos Carlos Rossi a Sebastián Wagner, acusado del homicidio de Micaela García.
“Estamos todos de acuerdo en que necesitamos una ley de víctimas. No puede ser que el victimario esté protegido en todo el proceso, de punta a punta, y una vez terminado siga con garantías y salidas transitorias. Parece un chiste, parece que matar es gratis en Argentina. Ellos cuentan con muchas garantías y la víctima, o mejor dicho los familiares de las víctimas, son revictimizados desde el momento en que le matan un familiar”, señaló.
El proyecto de ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las víctimas de delitos estipula también la creación de centros de asistencia y protección en todo el país, además de la designación gratuita de un abogado para que represente a la víctima o a sus familiares, siempre que no dispongan de recursos económicos, en las causas en las que se investiguen delitos graves.
Pero el eje está puesto, sin dudas, en lograr ser informados durante todas las etapas de la causa, en las que podrán constituirse como querellantes. En particular, deben ser notificados de las actuaciones que dispongan la prisión o la posterior liberación de los acusados, así como las libertades transitorias y las variaciones sustanciales de las condiciones del encierro.
Cintia Vespasiani
Ley de víctimas: qué le pedirán los familiares a los senadores
