La Cámara de Senadores de la Nación avanzó ayer con tres leyes clave para las víctimas de delitos y sus familiares. Es que, en primer lugar, convirtió en ley la quita de la patria potestad, hoy llamada "responsabilidad parental", para los condenados por femicidios y otros delitos aberrantes. Además, le dio media sanción a la "Ley de Víctimas" y a la denominada "Ley Brisa", que busca ofrecer una reparación económica para los menores que perdieron a su madre a raíz de un femicidio.
Respecto de la iniciativa que ya es ley, la misma había recibido cambios en la Cámara de Diputados a fines de abril, motivo por el cual había regresado al Senado. Es que la Cámara baja votó que se incorporaran los delitos de lesiones graves y abuso sexual como causales de la quita de la hoy llamada "responsabilidad parental".
La iniciativa fue aprobada con 47 votos y girada al Poder Ejecutivo para su promulgación. La flamante ley dispone, entonces, que son cuatro los delitos que implican la pérdida de la responsabilidad parental: homicidio agravado por vínculo, por violencia de género, lesiones gravísimas y abuso del hijo o hija.
En principio, el proyecto presentado por los senadores Juan Manuel Abal Medina y Marina Riofrío (PJ-FpV) sólo incluía a los femicidas. "Las modificaciones fueron enriquecedoras", consideró Riofrío este miércoles.
También recibió media sanción la llamada Ley Brisa, que plantea “una reparación económica” para quienes “sufrieron la pérdida de sus madres” a causa de violencia de género.
“La Ley Brisa es un derecho que estos chicos tienen. No estamos hablando de una ayuda o de un subsidio. Estamos hablando de una reparación económica para ayudar a un montón de menores en todo el país”, había apuntado a Info Región la titular de "La Casa del Encuentro", Ada Rico.
La sanción definitiva de la quita de la patria potestad y la media de la Ley Brisa se suman al avance de la Ley de Víctimas, que ayer también recibió el respaldo del Senado pero volvió a Diputados por cambios introducidos al proyecto originario.
La iniciativa plantea la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas en todo el país y establece que las víctimas de delitos deben ser notificadas sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se les otorguen a los condenados y acusados. Fue aprobada por unanimidad con 58 votos a favor.
La principal modificación que introdujo el Senado al texto de Diputados es la creación de la figura del defensor público de víctimas, cargo que ocupará un magistrado por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires, 24 en total.
CSV de la Redacción de Info Región