Tras la feria, decenas de familias esperan una resolución en su lucha por justicia


Érica Soriano, Fátima Catán, Nahuel Iraizos, Santiago Miralles, Roxana Vallejos. Nombres, apellidos, personas que ya no están, causas judiciales, carátulas y la nota que habla de una tragedia en la página de un diario. Detrás de todo eso, un común denominador: familias destrozadas por la pérdida. Madres, padres, hijos y nietos que piden justicia por la desaparición física de sus seres más queridos y que esperan que en los próximos días, tras la recién concluida feria judicial, se reactiven los procesos legales para morigerar tanto dolor, a través de juicios y fallos que permitan castigar a aquellos que les arrebataron a quienes más querían.

El lunes la actividad judicial volverá a desarrollarse por sus carriles habituales, por lo que decenas de familias de la región esperan, tras el largo primer mes del año que acaba de culminar, que las causas que involucran la muerte o desaparición de sus allegados puedan retomarse y avanzar en este 2013.

Femicidios y crímenes brutales constituyen decenas de historias que, en la región, fueron noticia bajo el triste título de la tragedia y que aún siguen con final abierto. Porque si bien todas marcaron el injusto final de personas inocentes, la lucha por justicia sigue viva en sus seres queridos.



Una espera que desespera. Uno de los episodios más antiguos y de los más resonantes tuvo como protagonista a Nahuel Iraizos, el joven de 19 años que fue asesinado a quemarropa en agosto de 2004, en la maderera que la familia tiene en Longchamps. Si bien el caso ya tuvo sentencia, sus familiares están expectantes al inicio de la actividad judicial debido al cambio en la calificación del delito que sufrió la causa el año pasado, por lo que confían en lograr una “condena ejemplificadora” para los asesinos del joven.

En 2008, el Tribunal Nº 9 de Lomas de Zamora condenó -en un fallo cuestionado por la familia- a 14 años de prisión al policía federal Alejandro Etchechury, responsable de “homicidio simple”; a cinco años y medio al ex policía bonaerense Víctor Hugo Sierra por el delito de “tentativa de robo seguido de muerte” y al civil Irineo Rojas a 12 años por la tentativa de robo a la maderera.

En 2011, la Cámara de Casación Penal bonaerense había resuelto agravar los cargos contra Etchechurry y Rojas (ya que Sierra falleció), por lo que solicitó al tribunal lomense que fijara nuevas penas para ellos. Lo cierto es que, ocho meses después, el TOC 9 otorgó el beneficio de prisión domiciliaria para Rojas.

Tras recurrir a la Cámara de Apelaciones y considerar “insólita” esa medida, la familia logró que el caso vuelva a Tribunales, donde el TOC 9 se excusó. Actualmente, la causa está a cargo del Tribunal 10, que ahora deberá dictar las penas nuevamente tras un cambio en la calificación del delito, que ya no habla de tentativa de robo sino de “homicidio agravado en concurso real con intento de asesinato a Hugo Iraizos” e “intento de asesinato a Hugo Iraizos en concurso real con la muerte de Nahuel Iraizos”.

“Durante mucho tiempo se alentó que esto había sido un robo y yo siempre entendí que me habían mandado a matar. Ahora esto está demostrado, Irineo Rojas había venido a asesinarme”, apunta Hugo Iraizoz, padre de Nahuel, a Info Región.

Además, se mostró esperanzado tras el cambio de carátula y el traslado de la causa al Tribunal 10. “Se supone que este mes tendrán que dar una nueva pena a los implicados. Como hay una nueva carátula, ahora tienen que condenar por delitos distintos y yo espero un fallo ejemplar para ambos, más cercano a la realidad de los hechos”, manifestó.



Una vuelta atrás y un último recurso. Si bien el crimen de Santiaguito Miralles ocurrió hace ocho años, en diciembre la Cámara de Casación Penal ordenó modificar las condenas de dos de los cuatro ya juzgados por el asesinato, por lo que su familia espera el inicio de la actividad para recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

El nene de 6 años fue visto por última vez a las 16 del miércoles 13 de julio de 2005, cuando jugaba en la vereda de su casa de Canning, en Esteban Echeverría. Su cuerpito fue hallado tres días después de su desaparición en un pozo ciego ubicado en el predio de la quinta lindera a la casa de los Miralles.

Según la autopsia, murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo y asfixia por inmersión, ya que recibió al menos dos golpes en la cabeza provocados por una maza u otro objeto similar. Una vez inconsciente pero aún con vida, lo introdujeron en la cámara séptica con una soga atada en la cintura, a la que anudaron una caja con cerámicos.

Lo cierto es que la pena de prisión perpetua dictada en diciembre de 2008 por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata al matrimonio de Enrique Eloy Coito Piriz y Ana Isabel Machado Vargas, al hijo de estos, Henry Alexander Coito Machado, y a su padrino Abel Domínguez Farías, no fue lo último que se conoció.

En diciembre último, la Cámara de Casación Penal confirmó la condena de dos de los imputados, pero ordenó absolver y analizar la de los otros dos (las de Coito Piriz y Machado Vargas respectivamente)

Después de tanto tiempo de sucedido el crimen y de la contundencia de la primera condena, la familia no baja los brazos, pero está dolida, según contó a este medio la madre de Santiago. Así es que en los próximos días pedirán “la elevación a la Corte” del caso.

“Estoy bastante decepcionada, llegamos a sentir que se estaba haciendo justicia, pero esto vuelve todo para atrás. Cuando termine la feria volveremos a la lucha”, expresó Silvia Morales, mamá del nene asesinado.



Vuelta a recorrer pasillos. Otra de las historias que espera un cierre que depende de la Justicia está relacionada con la violencia de género.

Fátima Catán fue quemada el 19 de agosto de 2010 en su casa de Murature al 600, de Villa Fiorito, donde convivía con Gustavo Santillán, quien era su pareja. Murió tres días después por la gravedad de las quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo.

En la actualidad, Santillán está detenido con prisión preventiva, como único acusado de la muerte. Según la versión que dio a la Policía poco después del hecho, la joven estaba limpiando discos compactos con algodón y alcohol, encendió un cigarrillo y se prendió fuego.

El padre de Fátima, Jesús Catán, había declarado que los compañeros de su hija, que trabajaba sirviendo tragos en una discoteca, “decían que siempre tenía moretones y su novio le pegaba porque era celoso”. Mientras tanto, la mamá de Fátima, Elsa Gerez, aseguró que la familia continúa a la “espera de lo que resuelva la justicia”.

Aunque también confirmó que “la fecha para el juicio todavía no fue fijada”. “A mi hija nadie me la va a devolver, pero quiero que Santillán pague por lo que le hizo. Tiene que estar en la cárcel”, manifestó la mujer.

Érica Soriano, la joven que estaba embarazada de dos meses y medio cuando desapareció, fue vista por última vez apenas un día después de que Fátima sufriera quemaduras en su cuerpo.

En diciembre, la última noticia que se conoció fue la liberación de su ex pareja Daniel Lagostena, quien es el único sospechoso de haberla asesinado. “Lo liberaron a propósito, un día antes de que comenzara la feria judicial. Yo no voy a esperar nada de la Justicia”, sostuvo indignada Ester, su mamá, a este medio.

“Lo único que voy a hacer es seguir buscando pruebas, probar todo lo que esté a mi alcance, seguiré rodeándome de gente que me acompañe”, agregó.

En ese marco, el abogado de la familia, Marcelo Mazzeo, confirmó a Info Región que “durante los primeros días” de este mes recurrirán a la Cámara de Casación Penal. “Vamos a presentar un recurso de nulidad porque entendemos que el fallo de la Cámara es totalmente contradictorio y sin fundamentos. También vamos a recusar a los jueces de Cámara”, indicó el letrado.

El caso más actual es el de Roxana Vallejos, la madre de 19 años que falleció en agosto del año pasado. Quien entonces era su pareja también fue acusado de rociarla con alcohol y prenderla fuego.

Elio Javier Enrique quedó imputado por “homicidio simple”, hecho por el cual se le dictó prisión preventiva, aunque actualmente se encuentra internado con custodia en el Sanatorio ATMA de Ciudadela.

La familia reclama por esta situación. “Estoy preocupada, rumores hay muchos y yo no sé qué es lo que pasa con este hombre. En una comisaría de Lomas me dijeron que no hay cupo para que lo asistan en los penales. Esto no puede ser, necesito justicia para mi hija”, manifestó la mujer, quien también resaltó que en estos días volverá a los Tribunales.

Subirá, como todos, otra vez las escalinatas y transitará los fríos pasillos de oficinas rebosantes de papeles, de tinta que describe los hechos más atroces y de un reclamo que no se acalla aún cuando la justicia se toma un respiro: paz para quienes ya no están, pero también para todos los que quedan y deben convivir con su triste y dolorosa ausencia.



Tatiana Manganella