Reformas: cuáles son los puntos que hacen más ruido


Mientras movimientos sociales y gremios hacen escuchar su oposición en las calles, el Gobierno busca cerrar el paquete de reformas en el Congreso antes de que termine el año. La previsional, que ya tiene media sanción del Senado, podría llegar a Diputados en una extraordinaria prevista para el 26, en tanto que la Laboral promete abrir el debate legislativo una semana antes.

Info Región consultó a especialistas en derecho previsional y laboral para advertir sobre los puntos que hacen más ruido en los proyectos enviados por el Ejecutivo para modificar el régimen de jubilaciones y de trabajo, consensuados con los gobernadores y la cúpula directiva de la CGT; respectivamente.

Reforma previsional. El punto saliente es que se busca modificar la fórmula que calcula la movilidad de los haberes, establecida en la ley 26.417, sancionada en 2008. Precisamente, el cálculo vigente establece un aumento semestral que combina la variación del 50% del incremento salarial y el 50% del aumento de los recursos tributarios de la Anses.

La reforma busca sustituir ese cómputo por otro que condiciona el aumento de las jubilaciones, en forma trimestral, al índice del costo de vida y a la fluctuación del PBI. “La fórmula, por donde se la mire y aun con cualquier retoque o maquillaje que se le pueda agregar en Diputados, va a seguir siendo nefasta para el bolsillo del jubilado”, apunta a Info Región Christian González D’alessandro, abogado especialista en derecho previsional.

Es que, según detalla, el aumento bajo la fórmula que impulsa el Gobierno decaería al 5,7 por ciento. “O sea que la jubilación mínima, de 7.246 pesos que cobran tres millones de jubilados, va a pasar a 6.663 pesos aproximadamente”, indicó.

Si se aplicara la fórmula que rige actualmente, que actualiza haberes en marzo y septiembre, el porcentaje de incremento del semestre julio/diciembre 2017 superaría el 12 por ciento. “Esa cifra era con la recaudación de noviembre, pero con la de diciembre que ya se está conociendo estaría dando un aumento para los jubilados del 14,5”, apuntó D’alessandro y resaltó que “se están perdiendo más de 600 pesos entre la fórmula del Gobierno y la actual”.

En cuanto a la actualización por el PBI en junio próximo, desde la Asociación de Abogados Laboralistas indican que si el crecimiento del producto bruto fuera del 4 por ciento eso “representaría una mejora del 0,002” por lo que “una jubilación de 10.000 pesos tendría un adicional de 20 pesos”.

En ese marco, y de sancionarse la ley tal como se aprobó en el Senado, ya se especula con posibles juicios contra el Estado. “Los abogados que nos dedicamos a hacer jubilaciones vamos a tener una época de muchísimos juicios. Esto no es lo que queremos los que nos dedicamos a hacer previsión social. Lo que queremos es que los jubilados cobren bien porque la realidad es que un juicio de reajuste demora de 5 a 8 años y se le va la vida al jubilado”, señala D’alessandro.

Otro escollo que debe superar la reforma es la amenaza, ya explicitada, de parte de abogados constitucionalistas de avanzar en una declaración de inconstitucionalidad de la norma por no contemplar en el ajuste del cálculo los avances salariales. Cuestión que buscó saldar el peronismo, en voz de Miguel Pichetto en el Senado, al proponer una fórmula de 70/30 (por inflación y variación salarial). “La Corte siempre sostuvo que se tiene que ajustar por salario”, indica el especialista.

Reforma laboral. Desde la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) lo dicen sin rodeos: “El proyecto de ley enviado al Congreso Nacional implica lisa y llanamente una reducción de derechos laborales”.

El proyecto del Ejecutivo, de acuerdo a lo resaltado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, busca “generar empleo, reducir litigiosidad y ponerle fin al trabajo en negro”. “Ya está demostrado en Argentina y en el mundo que no ha habido ninguna reforma laboral, que implique reducción de derechos o sacrificios de los trabajadores como se plantea acá, que haya tenido esos efectos”, resalta a Info Región Matías Cremonte, presidente de la AAL.

Además, señala que la reforma vulnera principios fundantes del orden público laboral como es el de “irrenunciabilidad”. El mismo, según Cremonte, habilita a los trabajadores a “renunciar a derechos adquiridos que se han incorporado a su contrato individual de trabajo”, cuestión que hoy está prohibida por ley “entendiendo que hay una relación objetivamente desigual entre el empleador y el trabajador”. Esto es, la ley colectiva de Trabajo plantea que cualquier renuncia a un derecho adquirido es inválida porque el trabajador no tiene plena voluntad para renunciar y puede hacerlo “condicionado para, por ejemplo, mantener el trabajo”.

También, según detalla, afecta “el derecho de un trabajador a recurrir frente a una modificación unilateral de sus condiciones de trabajo por parte del empleador” y “reduce la indemnización por despido”.

Otras cuestiones que hacen ruido, de acuerdo a la AAL, es que “se desregulariza totalmente la tercerización quitándole responsabilidad al empresario” y se crea un “régimen de pasantías que da la posibilidad de contratar mano de obra precarizada”.

El proyecto también crea la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente. “Esto no es para proteger ese tipo de trabajo, sino para excluirlo de la aplicación de la ley de contratos de trabajo, legalizando un fraude laboral, que es la contratación de ese tipo de trabajadores que son monotributistas o tienen contratos de locación de servicio”, detalló.

Sin dudas, otro de los aspectos que genera resistencia es la posibilidad de que se genere un “Fondo de cese de empleo” al que aportarían los empleadores para pagar posteriores indemnizaciones. “No está claro si el trabajador también aportará. Es para que, si se despide sin justa causa a alguien, se pague la indemnización con ese fondo y no lo haga el empleador”, indicó.

Y alertó el riesgo detrás de esta situación. “Lo que puede suceder es que los empleadores financien los despidos y en algún momento comiencen a desprenderse de trabajadores con mayor antigüedad y sueldos más altos para contratar trabajadores que ingresen con menos derechos e incluso con salarios menores a los 12 mil pesos”, advirtió.

Cintia Vespasiani