“La orden del Gobierno es que tiren a matar, que ellos los van a defender”


Tras el encuentro del presidente Mauricio Macri con Luis Chocobar, policía que mató a un ladrón, desde la Coordinadora de Acción contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunciaron que el gatillo fácil “es una política de Estado”.

María del Carmen Verdú advirtió a Info Región que esta acción de parte del Gobierno es una “ratificación con todas las letras” de que la represión por parte de las fuerzas del Estado son “una política pública y explícitamente desmedida del máximo nivel del Poder Ejecutivo Nacional”. “Estamos viviendo en un Estado de excepción. La Policía no hace lo que se le da la gana, hace lo que le ordenan hacer, y acá claramente la orden del Gobierno es que tiren a matar, que ellos los van a defender”, advirtió.

Verdú señaló como antecedente el caso del fallecimiento de Rafael Nahuel, luego de ser baleado por Prefectura durante el desalojo del predio en la zona de Villa Mascardi, en Bariloche. “En ese momento, Bullrich creyó en la versión de las fuerzas y Macri, 48 horas después de la muerte de Rafael Nahuel dijo que hay que volver a la lógica de que la voz de alto quiere decir que te tenés que entregar”, remarcó.

Embargo y situación judicial. Chocobar fue procesado y embargado por 400 mil pesos por la Justicia, en una resolución tomada por el juez Enrique Gustavo Velázquez, a cargo del Juzgado Nacional de Menores 1 de la Ciudad de Buenos Aires, quien entendió que el policía se había "excedido" en el uso de su legítima defensa.

Para la Correpi, el caso debería estar caratulado como “homicidio calificado por la condición de miembro de una fuerza de seguridad” porque “no hay otra forma de calificar un disparo con una nueve milímetros por la espalda a una persona que huye desarmada”. “Nosotros disentimos con la resolución que tomó Velázquez porque queda claro que estamos hablando de un homicidio, y no de un homicidio atenuado por una legítima defensa. Debió procesarlo por homicidio calificado y dictar una prisión preventiva porque la pena de homicidio calificado es la prisión perpetua”, aseveró.

Según explicó Verdú, si Chocobar hubiera intervenido en el momento en el que el turista estaba siendo apuñalado, y en el forcejeo lo tiene que matar para salvar una vida, “en ese caso es una legítima defensa porque hay una agresión legítima, un peligro inminente, y porque no hay otro medio razonable para resolver la situación”. “Los jueces como Velázquez, que no tienen pelos en la lengua a la hora de defender a las fuerzas de seguridad, siempre tratan de buscar la vía más amable. Es como el agua que siempre busca la línea descendente. Los jueces y fiscales siempre buscan las formas de facilitar la soltura de los integrantes del aparato represivo estatal y de aplicar una lógica distinta a cuando no son uniformados los que juzgan”, sentenció.

Pintada intimidatoria. Luego de denunciar el apoyo del Gobierno al policía procesado, el local de la Correpi amaneció con una pintada intimidatoria que rezaba “Aguante Chocobar”. “No nos van a asustar. Basta de gatillo fácil”, replicó Verdú.





Franco Martín Solleiro Mlodziejwski