Cómo se aplica el protocolo de interrupción legal del embarazo


En medio de un intenso debate respecto a la despenalización del aborto, una duda surge sobre la legislación existente sobre casos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por causales: ¿Se cumple el protocolo que rige desde el 2015 en Buenos Aires? De acuerdo a dos de los principales hospitales de la región, se siguen todos los pasos especificados por Ley e, incluso, se han añadido comisiones multidisciplinarias para la “contención y el acompañamiento” de las pacientes.

En Argentina, es posible abortar de manera legal y segura sólo en tres casos: por violación, si hay peligro para la salud o la vida de la mujer gestante, o si tiene una discapacidad mental o intelectual. El protocolo nacional, al que la provincia de Buenos Aires adhirió hace tres años, implica que en estas situaciones no deberá mediar un juez, como sucedía antes, para habilitar que la mujer concrete su decisión de realizarse el aborto y que el cuerpo médico proceda de acuerdo a lo establecido.

Según explicó a Info Región la directora del hospital Lucio Meléndez, Graciela Helou, a partir de que se empezó a aplicar este protocolo, en lugar de judicializarse, cuando ingresa una paciente que pide realizarse una ILE “el comité encargado analiza el caso y, si corresponde, se hace la práctica”. Para esto cuentan con un equipo multidisciplinario, con un psiquiatra, una psicóloga, una asistente social, y médicos ginecólogos y obstetras.

Si bien es obligación de los establecimientos sanitarios llevar a cabo el protocolo para el aborto en estos casos, en el hospital ubicado en Adrogué se contempla que algunos profesionales pueden expresar ser “objetores de conciencia”, por lo cual se niegan a realizar la intervención médica, aclaró Helou.

En el hospital Luisa C. de Gandulfo, de Lomas de Zamora, también está garantizado el correcto seguimiento del protocolo, según aseguró su directora, Nancy Gaute. Hasta ahora, trabajaron sólo de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Salud; es decir, con profesionales médicos que realizan el procedimiento, pero a partir de marzo integrarán, como en el Meléndez, una comisión multidisciplinaria con psicólogos, ginecólogos, obstetras, miembros de la Región Sanitaria, y de la dirección provincial de Maternidad e Infancia.

Con este equipo, la idea es “acompañar a la persona que va a abortar, dar contención y además, información”, contó Gaute, para asegurar que esas mujeres, adolescentes y niñas que solicitan la intervención puedan hacerlo sin efectos en su salud tanto física como psíquica, ya sea por el aborto en sí mismo como la circunstancia previa a la concepción, como puede ser una violación.

De acuerdo a las cifras de los hospitales, en 2017 se realizaron siete interrupciones legales del embarazo en el Meléndez. Mientras tanto, en 2016 hubo dos muertes maternas a causa de abortos clandestinos, aunque no se volvieron a dar casos desde entonces.

Legal, seguro, libre y gratuito. El proyecto por la despenalización del aborto que será presentado en el Congreso este año incluye, entre sus propuestas, que no sea necesario corresponder con ninguna de las tres causales antes mencionadas para poder realizarse una interrupción voluntaria del embarazo. Apunta a resolver una problemática de salud pública por la que, de acuerdo al Ministerio de Salud, entre 370 y 522 mil mujeres tienen abortos en la clandestinidad cada año en Argentina y, lejos de promover la práctica, busca que esos procedimientos puedan ser realizados de manera segura, libre y gratuita para evitar alrededor de 100 muertes anuales por las condiciones insalubres en las que se dan y dar a las mujeres la opción de decidir si quieren continuar o no con el embarazo en curso.

Además, la iniciativa propone que se garantice la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral, sancionada en 2006, y la entrega y promoción de métodos anticonceptivos hormonales y de barrera de forma libre y gratuita para evitar que las mujeres lleguen a la instancia del embarazo no deseado y posterior aborto.

Martina Jaureguy