Cristóbal López y Fabián De Sousa se entregaron y vuelven a la cárcel


Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, los dueños del Grupo Indalo, se entregaron ayer en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional.

Lo hicieron en la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales "Buenos Aires", de Gendarmeria Nacional (Uesprojud), luego de que sus abogados acordaran las condiciones de la entrega con la Justicia y tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó más temprano la detención inmediata de ambos empresarios.

Se dispuso también que Cristóbal López y Fabián de Sousa sean alojados en los penales en los que cumplían la detención antes de ser liberados en marzo ultimo.

De modo que Cristóbal López regresará al penal de Ezeiza, y su socio De Sousa lo hará al de Marcos Paz.

El fallo. La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la inmediata detención de López y de Sousa. Así lo resolvió por mayoría la sala I del máximo tribunal penal, con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, mientras que la camarista Ana María Figueroa votó en disidencia.

El fallo de Casación revocó la resolución que había dictado la Cámara Federal porteña, que el 16 de marzo dispuso la liberación de los empresarios y el cambio de carátula del expediente por el que habían sido detenidos.

Los jueces de Casación ordenaron la "inmediata detención" de los empresarios acusados y dispusieron "remitir con carácter urgente las presentes actuaciones al Tribunal a quo para que, por quien corresponda, se haga efectiva".

En un fallo de 148 páginas, los jueces de Casación dispusieron que los empresarios y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray vuelvan a ser investigados por "defraudación al Estado" y no por "apropiación indebida de recurso", contra lo que había decidido la Cámara Federal.

La detención de los dueños del Grupo Indalo, que tiene entre sus insignias a la empresa Oil Combustibles y al canal C5N, deberá ser instrumentada por el juez federal Julián Ercolini, quien lleva la causa por el no pago del impuesto a las transferencias de combustible.