Desde Correpi aseguran que el FMI exige “control social”


Tras la represión por parte de las fuerzas policiales a trabajadores de Cresta Roja y los metrodelegados del subte, desde la Coordinadora de Acción contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) aseguraron que, como condición para otorgar un préstamo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige que “exista un control social” en todo el país.

“Se demuestra con estas últimas dos represiones. Si bien el Gobierno siempre tuvo una política represiva, en el último tiempo hubo una salto enorme en el que directamente se atacaron a los trabajadores”, resaltó en diálogo con Info Región el referente de Correpi Román Ariel. Sostuvo que, en medio de una “fuerte crisis económica” los trabajadores “tienen que salir a pelear por sus derechos” y el Gobierno “responde reprimiendo”.

Ataque a Metrodelegados. Luego de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, asegurara que el paro de los metrodelegados fue "ilegal porque el gremio es ilegal" y defendiera el accionar de la Policía, Ariel sostuvo que es “cualquier movilización de trabajadores es legítima y legal”. “Cualquier huelga, sea un sindicato que está en trámite como en el caso de los metrodelegados o sea un sindicato oficial es legal. Lo que está haciendo Larreta es mentir para justificar su avanzada represiva”, subrayó.

“En ese caso no solo fue una represión. Salió una ametralladora oficialista a deslegitimar a los metrodelegados, es un ataque sistemático”, consideró.

Reforma del Código Procesal Penal. Desde Correpi aseveraron que en los primeros borradores para realizar modificaciones se establece que “se dupliquen las penas” para detenidos durante enfrentamientos con la Policía en las movilizaciones. Además, indicaron que si los policías dicen que encuentran a alguien cometiendo algún delito “ya es voz de verdad”. “Avanzan en contra de la movilización social”, expresaron.

Asimismo, aseguraron que “se legaliza el gatillo fácil porque cuando los efectivos actúan con su arma reglamentaria durante sus horas de servicios, “no importa lo que haga, nada va a ser ilegal”. “Si un policía comete un asesinato con su arma reglamentaria y dice que estaba cumpliendo su deber ya es voz de verdad y con eso ya no hay posibilidad de acusarlo de gatillo fácil. Es la legalización del gatillo fácil y de la pena de muerte”, apuntaron.

FMSM de la redacción de Info Región