A través del decreto 499/2018, el Gobierno vetó la ley sancionada el pasado jueves en el Senado, tras una maratónica sesión. La resolución plantea que “la atribución tarifaria le pertenece al poder administrador” y apunta que “el Congreso no puede dictar leyes que impliquen el ejercicio de facultades que la Constitución le confiere expresamente al Poder Ejecutivo”.
El texto recuerda la “división del Gobierno en tres departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera” con “atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas”, motivo por el que “la atribución tarifaria le pertenece al poder administrador”. “Las tarifas son fijadas o aprobadas por el poder público, como parte de la policía del servicio, lo que no obsta a la existencia de bases fijadas por ley”, aclara la resolución, que lleva la firma del presidenta Mauricio Macri.
Apunta que “el Congreso no puede dictar leyes que impliquen el ejercicio de facultades que la Constitución le confiere expresamente al Poder Ejecutivo o que deban considerarse conferidas por necesaria implicancia de aquellas y que constituyan la substancia misma de la labor propia del órgano Ejecutivo”. “Al decidir respecto de un componente de la tarifa se avanza sobre las facultades del poder administrador y se afectan sus responsabilidades como organizadora de los servicios públicos en cuestión, toda vez que para ejercer legítimamente el poder tarifario no requiere de más habilitación que la previa declaración de servicio público ya establecida por ley”, apunta.
Advierte, además, sobre “la situación de deterioro que sufren los servicios energéticos a consecuencia de la inercia de más de una década, imponen al Estado, y a cada uno de sus poderes, una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia”. “Las políticas adoptadas desde diciembre de 2015 disponen un proceso de recomposición paulatina del régimen tarifario, que permita salir del sendero de dispendio (de subsidios y consumo), restablecer un régimen tarifario justo y equitativo, alentar la producción, lograr inversiones que mejoren los servicios y hacer un uso responsable de recursos energéticos, reduciendo impactos negativos sobre el ambiente”, agrega.
El Gobierno oficializó el veto a la ley que frenaba el tarifazo
