Piden más compromiso en la lucha contra la trata


Desde Casa del Encuentro remarcaron sobre la “urgencia” de la reglamentación del nuevo Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. La semana pasara, el Senado aprobó el proyecto de ley que propone penas para los clientes.

La titular de la Casa del Encuentro, Fabiana Túñez, remarcó la importancia de que las actividades que tiene previstas este Comité comiencen a realizarse “lo antes posible”. “Estamos esperando que se reglamente de una vez y me parece algo urgente y necesario que se pueda reglamentar en la práctica”, explicó la mujer, en diálogo con Info Región.

El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, creado mediante la ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, funcionará dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros y estará integrado por los Ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social, y Trabajo y Seguridad Social.

Entre las prácticas que tiene provisto el Comité se encuentra la difusión de distintas actividades relacionadas a la protección de las víctimas de delitos relacionados a la trata y la explotación de personas. A su vez, tienen planeado elaborar un “Registro Nacional de Datos” que registren aquellas personas relacionadas a este tipo de crimen dentro de “un sistema permanente”.

Este registro obtuvo el aval de organizaciones como la ONG Asociación Ayuda a Víctimas de la Violación (AVIVI), quienes junto a la agrupación Madres del Dolor expresaron la necesidad de crear un registro donde figuren detenidos o condenados por delitos sexuales. La norma que impulsaron desde la organización, según habían explicado, es “facilitar” el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de investigaciones judiciales en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual.

Por otra parte, el nuevo Comité tendrá entre sus funciones la “formación continua” de docentes y funcionarios públicos para especializarse en la materia con el objetivo de que estén capacitados ante casos relacionados a la explotación sexual o actos que dañen la integridad de las personas. De esta forma, se buscará una “profesionalización” de personas que estén ejerciendo este tipo de oficios.

Vale remarcar que la semana pasada, la Cámara de Senadores aprobó y envió a Diputados un proyecto de ley que modifica el Código Penal para imponer la pena de prisión de uno a cuatro años a quienes utilicen los servicios sexuales de víctimas de trata de personas.

La iniciativa -que obtuvo 41 votos a favor y una abstención- pena con prisión de uno a cuatro años a quienes utilicen o procuren servicios sexuales de una persona sabiendo que es una víctima de trata.

Las penas serán de cuatro a seis años de prisión cuando el cliente se valga de abuso de autoridad, amenaza o como recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima; cuando sea ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima. La misma pena le cabría a los clientes que fueran funcionarios públicos o miembros de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.

La pena sube de cinco a 10 años cuando la víctima fuera menor de 18 años y de seis a quince años, cuando la víctima sea menor de 13 años.

La iniciativa es autoría de los senadores Aníbal Fernández (FPV); Graciela Di Perna (Peronismo de Chubut) y Sonia Escudero (Peronismo Disidente).