El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora llevó a cabo ayer su segunda sesión ordinaria del año en la que se aprobó por unanimidad un proyecto que reclama al Ejecutivo “la adecuación de los salarios de los trabajadores municipales al mínimo, vital y móvil”, actualmente en 3.600 pesos, los concejales también sancionaron iniciativas para mejorar las condiciones del barrio San Sebastián, un pedido de informes sobre la relocalización del Bingo de Lomas y otro sobre el Pozo de Banfield, entre otros proyectos.
La sesión comenzó alrededor de las 11 con la presencia de 23 concejales ya que el único ausente fue el concejal oficialista Luis Gómez. Durante más de dos horas de debate, los ediles aprobaron la mayoría de los proyectos incluidos en el Orden del Día.
Con el impulso de los concejales Emilio “Beto” Solas y Julio Rivero, el Concejo aprobó por unanimidad una comunicación dirigida al gobernador bonaerense Daniel Scioli y al ministro de Seguridad, Alejandro Granados, para que la Unidad Penitenciaria 40 deje de arrojar líquidos cloacales sin procesar al barrio, hecho que genera contaminación y peligro de enfermedades entre los vecinos.
Además, el sancionó -también por unanimidad- una comunicación dirigida a la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, para que retire los vehículos incautados en el Depósito Judicial ubicado en la intersección de las calles Giachino y Chacho Peñaloza, en el mismo barrio.
La gran cantidad de autos acumulados en el lugar, además de generar contaminación, impide el paso hacia el barrio, por lo que los vecinos muchas veces se ven incomunicados.
En ese sentido, Rivero señaló que “la contaminación que provoca el depósito, más los desechos de la penitenciaría son un problema grave” aunque recalcó que “con un trabajo conjunto, entre el Municipio y la Vicegobernación se pudo comenzar a trabajar” en el lugar.
Justamente, esta semana se iniciaron las obras de limpieza y desmalezamiento en la calle “Chacho” Peñaloza, que hasta el momento estaba inutilizada y funcionaba como barrera para que los vecinos pudieran acceder a servicios tan básicos como la llegada de una ambulancia.
Las tareas comenzaron luego de las gestiones de los concejales del Proyecto Nacional y del propio vicegobernador Gabriel Mariotto ante el intendente Santiago Carasatorre, que rápidamente prestó su ayuda.
Como proyectos de último momento, ingresaron ayer las dos iniciativas del massismo vinculadas con los municipales. En el primero, girado a las comisiones de Hacienda y de Interpretación y Reglamento, desde el bloque piden al Ejecutivo el pase de todos los trabajadores de planta temporaria a la permanente.
“Consideramos que no hay trabajadores de primera ni de segunda, son todos de primera y todos deben pasar a planta permanente. Hay empleados que hace más de diez años que son contratados del municipio y no puede ser que no se pasen a planta permanente todavía”, cuestionó el autor del proyecto Ramiro Trezza.
Ante lo cual el titular del bloque oficialista Sergio Oyhamburú expresó su acuerdo con el proyecto pero apuntó que “lógicamente se presentó un Presupuesto que no puede ser deficitario por eso el pase a las comisiones para que se analice porque es un derecho que no se puede esperar”.
El segundo proyecto, obtuvo el voto a favor de todo el Cuerpo, en el cual se le pide al Ejecutivo que readecue “los salarios de los trabajadores municipales hasta el salario mínimo, vital y móvil”, actualmente en 3.600 pesos.
Al respecto, el titular del bloque massista Juan Carlos Véliz reclamó que “los salarios de los trabajadores están muy por debajo y parece increíble que un trabajador municipal gane tan mal porque eso es una violencia que no coincide con el orgullo peronista, es un proyecto que apunta a la justicia social”.
Oyhamburú expresó su acuerdo con este proyecto y su acompañamiento, pero señaló que “hay que adecuar la carga horaria con la función de los trabajadores”.
Por otra parte, se aprobó un pedido del bloque del Frente para la Victoria para que el juez Manuel Blanco, a cargo del Juzgado Federal 3 de La Plata, actuante en la Causa Nro.: 26/SE, en los autos caratulados “Averiguación de Desaparición Forzada de Personas (Pozo de Banfield)” disponga a favor de los organismos de Derechos Humanos a nivel Nacional, Provincial y Municipal”, las áreas que considere que pueden ser utilizadas del inmueble ubicado en Vernet y Siciliano para que en el mismo se pueda crear un espacio dedicado a la “memoria”.
“Por el pozo de Banfield pasaron detenidos del circuito Camps y secuestradas personas de otros países, en el marco del Operativo Cóndor. Además, por allí pasó la familia Graiver a la cual le fue arrebatada Papel Prensa. Necesitamos tener un espacio de memoria permanente para que nunca más volvamos a repetir esta trágica historia con 30 mil compañeros desaparecidos”, recordó Rivero.
En la sesión, también se aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación presentado por el concejal del FpV Emilio Solas que cuestiona la construcción de un muro en un terreno de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, lindero al predio de la laguna de Santa Catalina.
“Hace muy poco se aprobaron los proyectos de la soberanía ambiental y ahora nos encontramos con que la Universidad está instaurando un muro en una reserva natural”, cuestionó el edil.
En el recinto, una vecina de Santa Catalina y representante de la ONG Pilmayqueñ, Patricia Rodríguez, respaldó el reclamo y expuso que “en una parcela que comunica con la universidad, se construyó un muro de 70 metros sobre la laguna pero hay una medida cautelar que dice que no se debe generar impactos negativos en el predio”.
En la sesión, también se aprobó un proyecto dirigido a la Dirección Provincial de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Transporte de la Nación para la creación del boleto universitario; y se ratificó un convenio con el Ministerio de Planificación de la Nación para la ampliación y renovación de la red de distribución eléctrica en zonas de desarrollo y de escasos recursos del distrito.
Por otro lado, desde el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) impulsaron un pedido al Ejecutivo para que informe si ha ingresado un trámite de localización por el traslado del Bingo Lomas, ubicado en Meeks 155 al predio que hoy ocupa el supermercado Disco, al 200 de la misma avenida.
El expediente fue aprobado por unanimidad y el concejal del espacio Marcelo Pellegrini expuso que “este supuesto traslado significa un daño para la salud de la sociedad, por lo que significa el juego, que es una actividad que destruye a las familias”.
Desde el oficialismo, el concejal Armando Mogliani minimizó el pedido y cuestionó que se haya basado en una “presunción”. “Si quieren el informe se lo vamos a apoyar porque no hay nada que ocultar”, enfatizó.
También el FPCyS presentó una iniciativa, aprobada por unanimidad, dirigida al Departamento Ejecutivo para que “se realice un estudio comparativo de costos para evaluar la conveniencia de la Municipalización (Gestión directa) total o parcial de los servicios de recolección de residuos urbanos y otros que hoy se prestan bajo el sistema de concesión a privados”.
“Se están gastando más de 160 millones de pesos anuales y se tendría que evaluar que es lo más conveniente para el vecino porque el servicio de la empresa lo podría hacer el Estado”, justificó Pellegrini.
También se aprobó un reclamo de vecinos de la Plaza República Oriental del Uruguay por la instalación de una antena de telefonía celular.
El Concejo pidió subir el mínimo salarial de los municipales
