Weisbrot es economista y co-director del Centro de Investigación Política y Económica en Washington, la organización que el jueves difundió una carta que fue firmada por más de 100 economistas y enviada al Congreso estadounidense para pedir una “solución legislativa” al conflicto entre Argentina y los fondos buitres.
En declaraciones periodísticas l economista advirtió sobre las consecuencias negativas para su país del fallo de Griesa, defendió la postura del Gobierno argentino y también criticó la decisión de la Corte de EEUU de no intervenir en el caso.
“La Corte Suprema no hizo su trabajo. Acá hay un caso en el que se aplicó la ley de forma equivocada. Fue una mala decisión, sin precedente. No hay precedente en tratar de tomar de rehenes a los otros acreedores para forzar que se aplique un fallo. Si se hubiera decidido que Argentina simplemente tenía que pagarle a los buitres, la historia habría sido diferente. Pero decir que no se le puede pagar a la vasta mayoría de acreedores legítimos es una decisión muy inusual y extrema que no tiene sustento legal y que genera ramificaciones enormes, tanto para el sistema financiero internacional, el sistema financiero de EEUU y obviamente la Argentina”, consideró.
Sobre este último punto, precisó que el sistema financiero estadounidense “maneja más de 200 mil millones de dólares en deuda de mercados emergentes que se van a ir a otro lado porque este no les será un sistema judicial confiable para emitir deuda”.
Inseguridad jurídica. Evaluó también que el fallo de Griesa es una muestra de “inseguridad jurídica” en su país. “Es difícil ver esto como algo que no sea una decisión política porque es muy extrema y viola los principios fundamentales y legales de la equidad. Es difícil verlo como un fallo que no sea político y que hace que uno cuestione la independencia de nuestra Corte Suprema”, señaló.
Respaldo. El economista defendió la propuesta del gobierno argentino a los holdouts porque consideró que “hizo una oferta con la que habrían obtenido un 300 por ciento de ganancias en seis años, lo que está bastante bien, y no la aceptaron”.
También coincidió con el Gobierno en que la situación actual no implica un default. “Fue una corte la que tomó esta decisión sin precedente en la cual un deudor quiere pagar y puede pagar, ha depositado el dinero del pago. El funcionamiento normal del sistema bancario sería que esos más de 500 millones se distribuyeran entre los bonistas. Pero la Corte es la que no deja que esto se haga realidad. Es una corte la que está forzando a Argentina a defaultear. El default no es de Argentina”, completó.
En EEUU dicen que la decisión de Griesa no tiene sustento legal
