Sin darse tiempo para disfrutar de su triunfo en el Congreso, desde el oficialismo no se conforman con haber ganado la pulseada a los partidos de la oposición sino que se preparan para dar una segunda batalla en el mismo escenario pero con la mirada puesta en otros espacios del sistema judicial argentino.
“Seguramente que seguiremos con todo el sistema de Justicia, en los juzgados federales y de primera instancia”, sostuvo en diálogo con Info Región el diputado nacional Juan Manuel Irrazábal que, de esta forma, dejó en claro que los planes de Gobierno para con la Justicia no terminaron en la noche del pasado miércoles.
Esa noche, el oficialismo contó con más de los votos necesarios -148 en total, y necesitaba 129- para aprobar en forma definitiva el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que reduce de 20 a 13 los miembros del organismo incorporado a la Constitucional Nacional en 1994.
En ese sentido, el legislador respaldó la reforma impulsada por el Gobierno al asegurar que se trataba de un paso necesario para “sentar las bases de un nuevo Estado presencial, activo y reconstituido”. Luego, aclaró que los cambios no terminan allà sino que incluirán más reformas tanto en el plano institucional, normativa y de procedimiento.
“En el plano institucional la reforma judicial se empezó con los cambios en la Corte Suprema de Justicia cuando se autolimitó a su presidente en sus facultades y designaciones de magistrados; luego seguimos con el Consejo de la Magistratura, y continuaremos con reformas en los juzgados”, aseguró el legislador, que luego explicó que serán cambios tendientes a que “la Justicia no solo sea idónea, independiente y eficaz sino que satisfaga las necesidades de la sociedad”, enfatizó.
En ese contexto, el legislador misionero señaló que ya están listos proyectos en materia normativa como el impulso a una “profunda” reforma del sistema penal argentino que involucre cambios en el código penal, en el código procesal penal y en el sistema de ejecución penal. “Estos cambios son parte necesaria de la restauración del Estado y de las necesidades de reconstrucción del mismo luego de la crisis de 2001”, evaluó.
Recién salido de la sesión en la cual la Cámara de Diputados le dio luz verde al Gobierno para que concurra al Tribunal de La Haya a resolver el diferendo con Uruguay por la instalación de la planta de celulosa , el legislador aseguró que la aprobación del proyecto de declaración representa “un respaldo polÃtico y parlamentario a una decisión de polÃtica internacional tomada por el Estado nacional”.
“Siendo necesario llegar a esta última instancia de someter la situación a la consideración del Tribunal de La Haya quedará claro que no es una decisión del Gobierno en su faz ejecutiva sino que también va respaldado por el conjunto de los representantes del pueblo que se encuentran en el Parlamento”, sostuvo.
Irrazábal calificó de “prudente y responsable” el papel jugado por el Estado nacional que -según dijo- “por primera vez en mucho tiempo tiene actitud de acompañamiento institucional a un reclamo expresado por los sectores afectados”. “Además esta postura muestra la defensa del medio ambiente, la calidad de vida de la población, y deja en claro que no dejará librado al pueblo de la lógica del mercado y la rentabilidad empresaria”, afirmó.
Luego de obtener media sanción en la Cámara alta, el proyecto fue convertido ayer en ley con el voto mayoritario del oficialismo, el Peronismo Federal, la UCR y representantes de partidos provinciales. Los diputados del ARI y el PRO mantuvieron una posición del abstención.