A seis años del crimen de Santiago, aún no quedó firme la condena


“Santi” de ojos pícaros y sonrisa amplia, tenía ocho años cuando desapareció de la puerta de su casa de Canning, el 13 de julio de 2005. Y ocho años fue todo los que lo dejaron vivir los cuatro vecinos que lo secuestraron, y tras pedirle dinero a sus padres lo asesinaron a golpes y lo tiraron luego, atado a una baldosa, a un pozo ciego.

A seis años de ese momento que cambió la vida de la familia Miralles para siempre, y a tres de que la Justicia condene a prisión perpetua al matrimonio de Enrique Eloy Coito Piriz y Ana Isabel Machado Vargas, a su hijo, Henry Alexander Coito Machado, y a su padrino Abel Domínguez Farias, Walter, el papá de Santiago se queja de que la condena “aún no está firme”, y reclama, en nombre de los suyos, una definición para poder por fin estar tranquilos, aunque no sin dolor.

“Estamos esperando que la Cámara de Casación de Comodoro Py se expida sobre el fallo del Tribunal Federal 1 de La Plata. Los cuatro detenidos del crimen están con una condena de cadena perpetua, la mujer está en Ezeiza y los tres hombres en Marcos Paz, pero la condena no está firme”, se quejó.

A seis años del crimen de su hijo, Walter sostiene que la vida, después de atravesar una situación tan extrema, nunca es fácil.

“Tengo los mejores recuerdos de Santi. Era un nene muy culto, maduro y muy compañero. Hoy su hermanito tiene siete años y pregunta permanentemente qué fue lo que paso con él y cómo era. Se me hace muy difícil todo pero debemos seguir porque tenemos otro nene chiquito a quien cuidar”, remarcó.

Pese a la angustia y a la ausencia, sin embargo, los Miralles decidieron transformar la tristeza en solidaridad, y conformaron, poco después del crimen, la ONG Santiago Miralles, abocada a contener y a orientara a familiares de víctimas de la violencia.

“La organización se divide en dos áreas, un área que está compuesta por abogados y otra que está compuesta por psicólogos. Todos trabajamos ad honorem”, explicó Walter, que especificó además que lo que hace el grupo es “dar asesoramiento legal y contención a las familias que hayan sufrido un episodio violento”.

De todos modos, los Miralles remarcan que llevarla adelante tampoco es sencillo: “Se nos hace muy difícil el mantenimiento ya que no tenemos ninguna ayuda, es todo a fuerza de pulmón. Hemos solicitado en algún momento un subsidio pero no tuvimos respuesta”, señaló.

Santi fue secuestrado el 13 de julio de 2005 de la puerta de su casa de Canning, ubicada en Pueyrredón 539. Sus padres se habían mudado a ese barrio, poco habitado y con mucho verde, para estar más tranquilos y para alejar a sus hijos de la gran ciudad, donde la inseguridad era una moneda más corriente.

Santi tal vez jamás percibió que estaba corriendo un riesgo, porque quienes le pusieron punto final a su destino eran los padres y el hermano de quien fuera su amiguito, el nene con quien jugaba casi todas las tardes.

Poco después de su desaparición sus padres recibieron un llamado extorsivo que exigía dinero a cambio de liberarlo, pero los investigadores creen que de cualquier modo lo hubiesen matado, porque él sabía dónde y con quiénes estaba.

Tras una intensa búsqueda que fue puerta a puerta, un perro rastreador de la División Canes de la Policía bonaerense señaló el pozo ciego de una casa quinta vecina, situada a sólo 30 metros del hogar de los Miralles.

Profesionales de la Policía Científica determinaron que Santiaguito murió por un brutal golpe en la cabeza que le provocó la pérdida de masa encefálica y que luego fue arrojado al pozo, pero aún con vida.

Horas antes del hallazgo, su padre quiso entrar a la casa quinta vecina donde después se supo el nene estuvo secuestrado, pero no pudo, porque la Justicia no había librado aún una orden de allanamiento.