El titular de la comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, convocó para el jueves a los integrantes de la comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia a participar de la reunión conjunta para analizar los proyectos que plantean despenalizar el aborto.
"La comisión de Legislación Penal invita a la comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia a participar de la reunión conjunta en la que se analizarán proyectos de ley por los cuales se modifica el Código Penal en lo referente a la temática de despenalización del aborto", señala la convocatoria.
Lo cierto es que será difÃcil que se concrete ese encuentro ya que deben estar de acuerdo los presidentes de las dos comisiones restantes, Claudia Rucci y Antonio Morantes. Ambos legisladores se manifestaron en contra de la iniciativa.
Vale recordar que la semana pasada comenzó la discusión sobre el tema y en un principio algunos legisladores a favor de la propuesta afirmaron que se habÃa conseguido dictamen en Legislación Penal.
Luego de varias idas y vueltas, se confirmó que no se habÃa logrado reunir las firmas reglamentarias para que avance el trámite.
Si bien no tiene muchas posibilidades de salir, el proyecto todavÃa está en carrera para aprobarse antes de fin de año, ya que para dictaminar hay tiempo hasta el 20 de noviembre y en el caso de conseguir el despacho este jueves quedará listo para desembarcar en el recinto.
En el régimen actual, los únicos casos en los que se permite el aborto son cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre, cuando es producto de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer con discapacidad mental. El proyecto con dictamen favorable permite que cualquier mujer pueda abortar hasta las 12 semanas de embarazo.
Más allá de las 12 semanas, el proyecto permite el aborto cuando sea producto de una violación o estuviera en peligro la salud y la vida de la madre, o el feto tuviera malformaciones graves.
Además, la iniciativa prevé que los servicios de salud del sistema público estén obligados a garantizar el acceso gratuito al aborto y los de la seguridad social de salud y de los sistemas privados deben incorporarlo a sus coberturas.
También, contempla la derogación de los artÃculos 86 y 88 del Código Penal, asà como el inciso 2 del artÃculo 85, que castigan a las mujeres que se practican o consienten el aborto en su propio cuerpo y a quienes participan en las intervenciones.