“IlegÃtimas y clandestinas”, asà considera el Gobierno que son las tareas de exploración desarrolladas por cinco petroleras de capitales británicos en la plataforma continental argentina próxima a las islas Malvinas.
La decisión fue comunicada en cinco resoluciones -que llevan los números 128, 129, 130, 131 y 133- de la SecretarÃa de EnergÃa, que encabeza Daniel Cameron, publicadas ayer en el BoletÃn Oficial.
Las cinco empresas denunciadas son Rockhopper Exploration, Desire Petroleum Public Limited Company, Argos Resources, Falkland Oil and Gas Limited y Borders & Southern Petroleum.
En los considerandos de la medida se indica que las empresas mencionadas "no cuentan con una autorización, concesión o permiso otorgado por las autoridades competentes del gobierno argentino". Asimismo, se señala que las actividades de esas compañÃas "resultan ilegÃtimas y clandestinas por estar realizándose en una zona que se encuentra bajo la soberanÃa de la República Argentina y al margen de lo que disponen sus leyes y reglamentos especÃficos".
En tanto, se indica que "todo lo obrado ha sido en el marco del firme propósito de poner en marcha todas las acciones legales, judiciales o administrativas en defensa de los legÃtimos derechos de la República Argentina".
Se informa además que a las mencionadas empresas se les otorgó un plazo de 10 dÃas para que realicen el descargo pertinente, "garantizando el ejercicio de su legÃtimo derecho de defensa", lapso que transcurrió "sin haber obtenido respuesta alguna" de las mismas.
En marzo, el canciller Héctor Timerman habÃa anunciado el comienzo de una nueva estrategia de acciones legales ante la ilÃcita exploración de hidrocarburos en el Atlántico Sur, señalando que con ella el Estado afirma "la soberanÃa sobre el área y sus recursos" naturales, tanto a las empresas petroleras como a las que les prestan servicios tercerizados.
"El plan es para preservar la paz y procurar la resolución pacÃfica" del conflicto de soberanÃa, explicó el ministro en esa oportunidad, y señaló que las acciones se basan en la violación de dos principios: el de la resolución de Naciones Unidas y el de que ninguna de las partes (Argentina y Reino Unido) puede introducir modificaciones unilaterales en lo que dure el conflicto.
Timerman habÃa adelantado que las medidas alcanzarÃan a empresas que son propietarias de pozos y plataformas petroleras, que "brinden apoyo logÃstico" y otras que "aportan apoyo financiero, inversiones y asesoramiento sobre inversiones", lo que incluirá denuncias penales y comerciales contra "bancos, accionistas, analistas y consultoras de riesgo" que operan en el paÃs y en el exterior.