Paloma tiene la misma sonrisa que ella. Sonríe con toda la boca, mientras las puntas de su flequillo lacio cubren sus cejas y, a veces, hasta rozan sus pestañas. En eso también se parece a Marisa, que hoy descubre en su hija de ocho años cada rasgo de su físico y algún que otro gesto propio y heredado. Pero, sobre todo, advierte en sus ojos de niña el mismo amor que a ella la empujó a someterse a seis tratamientos de Fertilización in vitro (FIV) para poder conocerla, para al fin alzarse con el triunfo de traerla al mundo.
El costo es alto. Implica sacrificio físico, anímico y también económico. Pero el beneficio lo vale, es ahí donde la ecuación inclina la balanza: ni los tratamientos más invasivos ni los golpes emocionales ni la lucha contra las obras sociales para que den cobertura a lo que una ley provincial en Buenos Aires ya les obliga a cubrir, logran vencer el deseo de traer un hijo al mundo.
Según la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER), en Argentina se realizan 12 mil tratamientos anuales de fertilización en alta complejidad. Un número que a priori parece elevado, pero enseguida se ajusta si se tiene en cuenta que, tan sólo en la Provincia, unas 300 mil parejas (algo así como el 15 por ciento) no puede concebir.
Quizás a causa de ese significativo grupo que no inicia tratamientos -en casos por imposibilidades económicas (el costo de cualquier técnica de alta complejidad parte de los 15 mil pesos sin contar los medicamentos)- y como resultado de la lucha de las asociaciones de pacientes que pugnan por la inclusión del tratamiento en el Plan Médico Obligatorio (PMO), que los avances legales comienzan a hacerse visibles.
Uno de ellos es la sanción, en 2010, de la Ley Provincial 14.208 de Fertilización Asistida en territorio bonaerense, que llegó a 25 años de la primera FIV realizada en el país (en 1985), mientras que hace un mes recibió media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley que pretende dar un marco legal a la cobertura de las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA).
Así, tanto profesionales médicos como pacientes confían en que la legislación nacional supere y amplíe la normativa provincial -que, aseguran, cuenta con algunos artículos restrictivos- y, a la vez, sea más específica en su regulación, al tiempo que obligue a las obras sociales y prepagas a cumplir con una norma que tendrá injerencia en todo el país.
A la par, el proyecto de nuevo Código Civil también abre un nuevo horizonte: la posibilidad de contar, ya no sólo con estas leyes de cobertura médica, sino con un marco legal que dé entidad jurídica a los tratamientos y elimine la sensación de clandestinidad que acusan aquellos que realizan las prácticas.
Camino a la fertilidad. ¿Mamá cómo se hacen los bebés? La pregunta es inevitable. Sale de la boca de todos cuando aún no llegamos al metro de altura. Y entre el cuento de que los trae una cigüeña y el abismo que separa esa ficción de la realidad, hay otra que es aún más compleja: aquella en que la concepción no es producto de una relación sexual.
Cuando te pasan estas cosas te preguntás por qué me tocó a mí y hoy me pregunto quién soy yo para que no me toque. Esto le puede pasar a cualquiera, por eso es bueno que la reproducción asistida esté legislada y aceptada en la sociedad. Sólo se trata de imitar aquello a lo que, por algún motivo, la naturaleza dice que no, apunta Isabel Rolando (54), que tuvo a su hija, María Constanza, en su tercer intento de fecundación in vitro y hoy preside la Fundación Concebir.
Si bien hace 27 años que en Argentina se realizan técnicas de reprodicción asistida, recién en el último tiempo comenzaron a contemplarse los aspectos económicos y legales para que toda la población pueda acceder a tratamientos de fertilidad. Comenzamos a buscar la ley en 1995, cuando los primeros proyectos estaban en danza en Diputados. Pero en principio eran muy restrictivos porque no hablaban ni siquiera de cobertura y no se preveían las técnicas por una cuestión dogmática y económica, explica Rolando.
Luego de extensos debates que terminaron en la nada, Buenos Aires logró en 2010 su propia ley, que siguió a otras ya sancionadas en provincias del interior, pero que fue pionera en cuanto al establecimiento de la cobertura: la misma no sólo se presta mediante la obra social provincial (IOMA), sino que también fue incluida dentro de las prestaciones de las obras sociales y de medicina prepaga con actuación en el ámbito de la Provincia, algo que -sin embargo- no es acatado por la mayoría de las privadas.
Hoy, con la ley en vigencia, vienen parejas al hospital con una obra social o una prepaga y les tenemos que decir que llamen a la Defensoría del Pueblo porque no les quieren cubrir el tratamiento. Argumentan que no pueden hacer discriminación entre los afiliados de la Provincia y el resto del país, pero la verdad es que tampoco pueden estar trabajando en la Provincia si no respetan sus leyes, acusa Fernando Luzuriaga, a cargo del Servicio de Fertilidad del hospital Luis Güemes, de Haedo, donde se realizan 3500 consultas anuales.
El centro de salud -que lleva un centenar de tratamientos y 50 embarazos en curso- es uno de los ocho dispuestos por la Provincia para brindar los tratamientos.
La idea es que este año todos esos centros estén en condiciones de realizar tratamientos de baja complejidad -ver infografía- y también empezar el desarrollo en uno de ellos para hacer alta, señala el coordinador del Programa de Fertilización Asistida de la Provincia, Jorge Daffunchio.
El camino de la fertilidad se inicia en estos hospitales. Estamos manejando un promedio de 350 consultas mensuales y un 80% son de pacientes que tienen obra social. Cuando salió la Ley, todos se volcaron a la salud pública, asegura Lorena Nuñez, coordinadora administrativa del Programa.
Las técnicas de baja complejidad se realizan en los mismos hospitales, y las más sofisticadas son derivadas a centros privados en convenio con la Provincia, donde muchas veces son efectuados por los mismos profesionales médicos. El motivo es el alto desarrollo tecnológico en laboratorios y la gran cantidad de insumos y especialistas que requieren.
Con nuevas metas. Si bien la ley provincial fue un gran paso, las asociaciones de pacientes e incluso los profesionales admiten la necesidad de contar con una ley nacional.
Cualquier tema de salud que esté legislado a nivel nacional tiene una gran ventaja porque solamente así puede entrar a formar parte del PMO. Por otro lado, legislar nos ayuda a los médicos a saber que estamos haciendo las cosas bien y también es ejercer un derecho como paciente. Permite blanquear algo que ya es una realidad en el país, advierte la médica psiquiatra Luisa Barón, especialista en temas de familia y reproducción asistida.
Y si bien valoran la normativa provincial, también ven en la experiencia diaria falencias que, esperan, no se repitan a nivel nacional.
Participamos en la reglamentación de la Ley provincial y somos parte del Consejo consultivo, pero esta ley tiene muchas limitaciones. Tiene límites de edad y no cubre la donación de gametos, que está en pleno avance en el mundo debido a la gran cantidad de personas que la necesitan (de óvulos sobre todo), y tampoco la congelación de embriones, resalta Rolando.
Así es que tanto desde Concebir como desde la asociación Sumate a dar vida hacen foco en un aspecto fundamental: la importancia de una buena regulación al momento de reglamentar la ley -cuando se revé cada uno de los artículos para establecer su aplicación-, algo que estará en manos del Ministerio de Salud de la Nación.
Uno de los artículos más controvertidos de la ley provincial es el que estipula límites de edad en la cobertura, que va desde los 30 a los 40 años. Al partir de los 30 se pierde tiempo glorioso porque el éxito de la fecundación depende de la calidad de los óvulos. La mujer empieza a perder su capacidad fecundante a partir de esa edad y cae abruptamente a los 35, se queja Rolando, aunque advierte que se puede pedir la eximición de edad en caso de no tener obra social. Si se está en IOMA u otra obra social, te limitan de 30 a 40 años sin contemplaciones, critica.
En ese aspecto, Daffunchio explica que cuando se aprueba una ley, cuenta con un presupuesto, entonces se trata es de ir en auxilio de la persona más comprometida. Cuando se dice entre 30 y 40 años es porque la SAMER estima que después de los 40 la chance de quedar embarazada es muy baja. Por otra parte, si una mujer tiene 22 y puede tener una menopausia precoz, puede plantearlo para ser incluida en los tratamientos. Sólo no entraría si tiene la posibilidad de esperar, argumenta.
No obstante, admite una realidad: la Ley provincial no contempla a las parejas que requieren de la donación de gametos para poder concebir. Esos casos no tienen cobertura, pero la Ley salió así porque, de otro modo, no hubiera salido. Si se incluían estos aspectos controversiales, todavía estaríamos sin Ley. Así al menos se puede auxiliar al 60 u 80% de las parejas, justifica.
A diferencia de esta normativa, que habla de fertilización homóloga, el proyecto de ley nacional establece la posibilidad de la donación de gametos y embriones, aunque en este caso los especialistas advierten que sería importante contar con un Código Civil actualizado que pueda dar un marco legal a aspectos como filiación e identidad (ver A la espera de la reforma...).
Si bien el ideal al que Sumate a dar vida aspira es a una ley integral, que no sólo dé la cobertura sino que también regule las técnicas y las especifique, incluyendo la donación, ante el proyecto de nuevo Código Civil, que es una reforma de fondo de la legislación, es lógico que el tema haya sido desdoblado, advierte Teresa Bravo, vicepresidenta de la Fundación, y pide la participación de las asociaciones en el debate y la reglamentación de la futura ley.
Desde Concebir, en cambio, insisten en que la ley salga completa en su regulación, sin tener que supeditarse a los tiempos que llevará la reforma al Código. Esta sería la primera ley que saldría en Latinoamérica, y que Argentina sea pionera con una ley incompleta no nos cierra, advierte Rolando.
Desde la SAMER también solicitan ser tenidos en cuenta en el debate de la ley nacional y apuntan la necesidad de que sean especificadas las técnicas en la reglamentación (en el proyecto están explícitas las de baja y se nombra bajo la sigla TRA a las de alta) a fin de que las obras sociales no esgriman esa imprecisión como excusa para no cubrirlas.
Al salir la ley nacional e incluirse esto en el PMO, se va a terminar con la excusa de algunas obras sociales de no cubrir los tratamientos en Provincia, porque ellos justamente aducían que al no ser parte del PMO no estaban obligadas a cubrirlos, resalta Sergio Papier, presidente de la Sociedad, que también reclama que se aclare qué pasa con los tratamientos de ovo donación y la crio preservación de embriones.
Respecto a esta última, Papier explica que hoy al no poderse congelar embriones en casos se corre riesgo de embarazos múltiples debido a la implantación de más de un embrión en el útero materno, cuando con esta técnica podrían preservarse los de mejor calidad por si no diera lugar al embarazo la primera transferencia o incluso para poder tener nuevamente un hijo sin someterse al tratamiento.
El amor más grande. Nicolás Agustín tiene tres años y medio. Su mamá buscó su llegada al mundo por casi una década, hasta que pudo concebirlo gracias a un método ICSI. Me cambió la vida. No pude creer, después de tantos años de ver una rayita, al fin ver las dos, cuenta Nuñez, que hoy colabora en Provincia y es más que una voz autorizada, habiendo transitado con éxito el camino de la fertilidad.
Ese que también hicieron juntas Marisa Brel y Paloma y que hoy disfrutan de recorrer gracias al que, seguramente, sea el mejor logro de la ciencia: dar vida.
Cintia Vespasiani