Trabajar para incluir


Juan no se desconcentra con facilidad en su puesto de trabajo. En menos de cinco segundos recibe tres pedidos: dos café con leche con media lunas por allá, dos submarinos por acá y un café doble para aquel otro. En unos pocos minutos las tazas y los pocillos están servidos prolijamente sobre las bandejas, mientras Juan sigue atento a las personas que entran al negocio. Desde hace un tiempo trabaja en el mini shop de una estación de servicio YPF ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en Lanús. Tiene discapacidad auditiva, pero esto no le trae inconvenientes en su empleo, donde se hace entender con señas y lee los labios de sus clientes y compañeros, quienes aseguran que es el empleado más efectivo de la planta.

Según la última Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENDI), realizada en 2004, en Argentina el 7,1% de la población tiene alguna discapacidad, ya sea motriz o mental. En números absolutos se trata de 2.176.123 personas. Un 41 por ciento de ese grupo se encuentra en edad laboral, de 18 a 65 años, en tanto que un 75 por ciento de esta última franja de población no tiene empleo.

Dentro del porcentaje de personas en edad de trabajar hay algunos que, como Juan, forman parte del 25 por ciento de la masa económicamente activa pero, tal como lo indica la cifra, son pocos. ¿Los motivos? Según los profesionales que se abocan a la inserción laboral de personas con discapacidad, las razones son varias. La principal es el desconocimiento de la temática, sobre el cual rápidamente se erige el prejuicio acerca del rendimiento laboral.

Al desconocimiento y el prejuicio le siguen la ausencia de políticas de responsabilidad social provenientes del Estado, que en casos sólo se encarga de brindar programas asistencialistas, y ciertas falencias provenientes del sistema de educación, que juega un papel clave para que estas personas puedan contar con la capacitación necesaria para acceder a un puesto de trabajo.

Por otro lado, fundaciones que ayudan a las personas con problemas motrices o mentales a encontrar trabajo y desde las propias compañías que les abren las puertas aseguran que la mayoría de las personas con discapacidad empleadas, sino todas, cuentan con un plus que a veces pierden los trabajadores que tienen sus capacidades intactas: la voluntad, el esfuerzo y la motivación.

“El grado de estimulación que tienen estas personas por habérseles cerrado tantas puertas supera las expectativas que teníamos sobre ese segmento e impregna mejor al equipo de trabajo ya que son una fuente de motivación para todo el grupo. Nosotros hablamos de competencias, que incluyen el conocimiento y lo actitudinal y esto lo estamos viendo en las personas con discapacidad, que tienen potenciadas muchas capacidades. Esa es la ventaja competitiva, lo estratégico”, asegura en diálogo con Info Región Agustín Parigi, que es coordinador de programas del área de Recursos Humanos de YPF.



Virtudes diferentes. “Para qué quiero piernas, si tengo alas para volar”. La frase pertenece a la pintora Frida Kahlo, que sufría graves problemas motrices producto de un accidente, y refleja que detrás de una discapacidad siempre existen otras capacidades.

En esa idea basan su lucha el Foro de Discapacidad del Inadi, la Fundación Par, Discar y el IPNA, instituciones que se dedican a la inclusión de personas con discapacidad al mercado de trabajo.

“Todas las empresas deberían avanzar en este tema. Por un lado, por responsabilidad social empresaria, pero también porque las personas con discapacidad tienen un gran desarrollo de otras capacidades. Por ejemplo los hipoacúsicos, que por no tener la capacidad plena de escuchar tienen una mayor concentración, entonces optimizan mucho los tiempos y la organización. Las personas con retraso madurativo o discapacidad mental tienen una gran memoria, de clientes o códigos de productos, y también hay empresas de retail que contratan a estas personas para las reposiciones de góndolas porque son extremadamente prolijas y ordenadas y esto termina siendo una ventaja competitiva que las empresas a veces no ven y que hay que potenciar para el beneficio propio y el de los demás”, insiste Parigi y asegura que hoy la compañía petrolera emplea en Argentina a 90 personas con discapacidad, la mayoría de ellos con problemas auditivos que van desde la hipoacusia hasta la sordera (ver “Empresas comprometidas”).

En tanto, desde el Foro de discapacidad que funciona en el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) tienen otra visión. Aseguran que es importante que las empresas reconozcan las capacidades de todas las personas, sin importar si tienen discapacidades, pero sin clasificarlas por eso en un determinado tipo de trabajo. “Es también un estereotipo o un prejuicio encasillar a las personas con distintas discapacidades en un modelo de trabajo. Las particularidades de la personalidad no tienen que ver con la funcionalidad del cuerpo, lo que te diferencia es la personalidad. Es por eso que está mal que las personas con discapacidad estén abocadas a todo lo que sea talleres protegidos o sólo a fabricar jaboncitos. Hay que capacitarlos porque si no se cae en este tipo de discriminación”, enfatiza en diálogo con este medio María Rosa Saverino, que coordina el Foro.

Si bien los especialistas advierten que la temática de la discapacidad ha avanzado en el último tiempo y que la discriminación es parte del pasado, todos coinciden en asegurar que aún existen rastros de ella, bajo la forma de temores o prejuicios. En el caso de la inserción laboral, muchas empresas no evalúan la posibilidad de tomar a estas personas porque juzgan, a priori, que no podrán desenvolverse en beneficio de la compañía.

“Existe un gran prejuicio vinculado a que aparentemente las personas con discapacidad pueden ‘desrendir’ para la empresa u organismo. Se supone que serán más faltadoras, que tendrán menos posibilidades que otros para realizar distintos tipos de trabajo con más ductilidad y todo esto hace que no se los tenga en cuenta. Se mide la efectividad laboral desde un lugar muy prejuicioso”, apunta a este medio Jorge Goldman, que es director del IPNA (Instituto Psicopedagógico de Nivelación Aranguren), una entidad de bien público cuyo principal objetivo es promover los derechos de niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

De acuerdo a datos de la Fundación Par, el nivel de desempleo en personas discapacitadas asciende al 80 por ciento. “Lo que sucede es que son dejadas fuera de la búsqueda a priori. Ocurre que la palabra discapacidad termina tiñendo a toda la persona, como si a ésta no le quedaran capacidades porque tiene una discapacidad. Una persona puede tener una discapacidad en un área y tener intactas y aún grandes potenciales en otras”, resalta Alejandro Del Mármol, psicólogo social y coordinador de los programas de la Fundación, que se encarga de ubicar en diferentes empresas a personas con discapacidad motora y sensorial.

Además, destacan las ventajas que trae aparejada la contratación de trabajadores con alguna problemática en sus habilidades motrices o intelectuales, entre ellas el esfuerzo y la voluntad. “El compromiso que asumen con el empleador es muy alto porque se sienten dignificados por el trabajo y eso es muy importante. Además, las personas con discapacidad son las que tienen menor rotación y mayor confiabilidad porque saben que les es muy difícil conseguir un trabajo, entonces lo cuidan mucho”, apunta Andrés Cornejo, que acompaña a Savarino en la coordinación del Foro del Inadi.

En tanto, Marta Mendía, directora de la Fundación Discar, hace énfasis en los valores que se ponen en juego en el ámbito laboral. “Estas personas generan un clima de trabajo muy bueno porque se desarrollan valores y virtudes, como la solidaridad, la ayuda, la paciencia, esperar al otro, poder ponerse en su lugar y la no competencia, eso es lo que deben valorar las empresas”, aconseja.



Leyes que no se cumplen. Según la ENDI, la discapacidad atraviesa al 30 por ciento de la sociedad, si se toma en cuenta no sólo a quienes las tienen sino también a aquellos que los rodean, ya sea los que conviven con ellos o los que trabajan en la temática. Además, el 20,6% de los hogares en Argentina, uno de cada cinco, alberga al menos una persona con discapacidad.

Si bien en el país rige un Sistema de protección integral de las personas con discapacidad, la mayoría de sus cláusulas no se respetan. Un ejemplo es la ley 25.689, que fue sancionada por el Congreso el 28 de noviembre de 2002 para modificar el artículo Nº 8 de la ley 22.431, en relación al porcentaje de ocupación de personas con discapacidad por parte del Estado Nacional.

Según el nuevo texto, “El Estado nacional -entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos- están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”.

Sin embargo, desde las fundaciones aseguran que los organismos y empresas estatales no cumplen con esa disposición, a excepción del Ministerio de Trabajo de la Nación.

“La ley de discapacidad está muy bien hecha en Argentina, pero no se aplica y así la persona con discapacidad tiene que estar reclamando, lo que es muy burocrático. El artículo 8 no se cumple en las administraciones estatales”, apunta Alejandra Alonso, que es jefa del programa de “Recursos humanos y discapacidad” de Manpower, una consultora que desde 2004 insertó a más de 420 personas con discapacidad en el mercado laboral.

Según Goldman, las pocas compañías que toman a personas con discapacidad suelen ser privadas. “Nuestra percepción nos dice que nada ha cambiado, los organismos oficiales no hacen ningún tipo de esfuerzo por contratar a personas con discapacidad, a pesar de que hay una ley que así lo ordena. El Estado es el principal responsable y debería dar el ejemplo, pero a su vez es el principal transgresor de esta ley”, indica el director del IPNA y explica: “Hay quienes no están dispuestos a contratarlos porque eso requiere adecuar el espacio para esa persona, que puede necesitar un lugar distinto para transitar, y esto depende de la solidaridad, tanto del Estado como de la gente que nos rodea para que haya intencionalidad de que estas personas puedan insertarse”.



Desconocimiento y falta de capacitación. “Es muy difícil la inclusión de personas con discapacidad, se piensa que no podemos trabajar, que no estamos preparados o capacitados para ninguna tarea laboral. Esto sucede porque hay mucho desconocimiento, no se sabe o se saben cosas que realmente no son”, apunta a Info Región Iván Chaves, que es técnico en administración de empresas en el Inadi y tiene discapacidad física y visual.

Según los especialistas, el desconocimiento es uno de los obstáculos más difíciles de sortear. Está presente en la sociedad, que no conoce la temática y por ese motivo discrimina, y en ellos mismos, que en algunos casos no saben cuáles son sus derechos por ser personas con imposibilidades.

“Hay mucho desconocimiento y eso genera demasiados temores. Esto sucede porque no hay políticas públicas adecuadas, que hablen del tema y permitan realizar experiencias”, resalta Mendía.

Si bien todos afirman que desde hace varios años hay muchísimos avances, aún hay cierto grado de desconocimiento que repercute en la vida social, pero sobre todo en lo laboral. “Hay desconocimiento de la productividad de la fuerza de trabajo, de los beneficios económicos por contratar a personas con discapacidad, de responsabilidad social, sólo hay miedo y un gran prejuicio social”, describe Carlos María Jordan, que coordina la Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables que funciona en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Según asegura, la mayoría de las empresas privadas desconoce que por contratar a una persona con discapacidad tiene beneficios tales como exenciones impositivas, que buscan incentivar a que los empleen.

Lo grave es cuando esta situación excede a las compañías y afecta a las propias personas con discapacidad que, por falta de información o de programas de capacitación, no están al tanto de beneficios que les corresponden, como por ejemplo del certificado de discapacidad. “Deben tener este certificado que les permite tener una obra social, medicamentos y viáticos gratuitos, además de libre estacionamiento, salud y otros servicios garantizados”, apunta Alonso.

Uno de los motivos fundamentales de esta ignorancia generalizada es la falta de capacitación en el tema, responsabilidad del Estado, de las empresas y de las propias familias, que a veces no motivan a las personas con discapacidad a adquirir un título de grado o a especializarse en alguna materia.

“Es el contexto el que puede ser equiparador de oportunidades o el que termina discapacitando. Lo hace de diversas formas, a través de la falta de acceso, como por ejemplo desde la infraestructura inadecuada en las instituciones, o ubicando a las personas con discapacidad en un solo contexto y no capacitándolas para tener otras posibilidades en la vida. Después está la realidad social, donde la sociedad sigue poniendo una barrera o a veces la propia familia te dice ‘¿para qué estudiar?, no vale la pena’. El ‘no vale la pena’ de la familia es terrible porque no te permite avanzar”, asegura Saverino y habla desde su experiencia al tener una imperceptible discapacidad visual.

Por otro lado, aseguran que la principal falencia es la falta de preparación de la escuela media para recibir a chicos con discapacidades. “Hay chicos que deberían estar incluidos, pero no hay docentes o gente preparada para contenerlos y por eso los mandan a la escuela especial cuando no es necesario”, agrega la profesional.

Así es que se inicia la cadena que deriva en la falta de integración de personas con discapacidad. De hombres y mujeres que quizás se ven impedidos para realizar ciertas tareas, pero que poseen otras tantas habilidades para desarrollar diversos tipos de trabajo.

El problema comienza con la falta de capacitación, la ausencia de programas de responsabilidad social y la ponderación de políticas que tienden más al asistencialismo que a impulsar al otro a desarrollarse y sigue con las consecuencias que traen aparejadas estas situaciones: el desconocimiento y el prejuicio a la hora de incluir.



Cintia Vespasiani