Argentina pidió oficialmente ante La Corte Internacional de Justicia de La Haya una medida cautelar que suspenda las obras de construcción de las pasteras Botnia y Ence en la localidad uruguaya de Fray Bentos, sobre el Río Uruguay, por considerar que el daño que ocasionarán al medio ambiente y la salud de los habitantes será grave e "irreparable" en toda la región de influencia de este recurso compartido, pero sobre todo en la población entrerriana de Gualeguaychú.
El equipo de abogados argentinos que encabeza la consejera legal de la cancillería Susana Ruiz Cerutti explicó durante tres horas ante los quince jueces que integran la Corte la "necesidad" y la "urgencia" de esta medida que, de concederse, posibilitaría la realización de un estudio "imparcial" de impacto ambiental de las pasteras europeas sobre el Río Uruguay. Pero, además, dejó claro que Uruguay al autorizar unilateralmente la instalación de las "monumentales" pasteras sobre el Río Uruguay, violó el Tratado de 1975, destinado a la preservación de este recurso binacional, "pasando por alto el mecanismo de consulta e información previa" que establece cada vez que se produzca una acción que pueda modificar sus aguas y el medioambiente de su región de influencia.
Mencionó como agravante que Uruguay no haya tenido en cuenta que las plantas de Botnia, empresa finlandesa, y Ence, española, están ubicadas a menos de seis kilómetros de distancia una de otra, con una producción que apenas inicien su actividad alcanzará los 1,8 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa.
En todo momento, los expositores argentinos hicieron referencia a la "deliberada decisión" de Uruguay de "no respetar el tratado" al autorizar "unilateralmente" la instalación de estas industrias sobre el Río Uruguay, cuando hay un tratado que lo impide, y lamentaron las "lacónicas" respuestas uruguayas a los pedidos de información por parte de Argentina.
El abogado inglés que integra el equipo argentino, Philip Sand, defendió el derecho "a acudir a la Corte" y reiteró la necesidad y urgencia de que se le conceda a la Argentina una medida cautelar porque "la suspensión de las obras de construcción de las plantas es la única forma posible de tener la posibilidad de evaluar el impacto ambiental que podrían ocasionar" y evitar así los hechos consumados.
Sand también dijo que en su informe el Banco Mundial, organismo internacional que financia la inversión de las pasteras europeas, habla de una "significante" cantidad de contaminación en el proceso de las plantas Ence y Botnia , y asegura que basado en ese documento "lo que pide Argentina está justificado" y que el Estatuto del Río Uruguay debe ser "enteramente" aplicado.
Durante el alegato argentino también se habló de la "buena fe" que siempre existió en la relación con Uruguay, que hoy se ve afectada por su incumplimiento al Estatuto elaborado y firmado por ambas naciones y también de la "cooperación" que promulga el Tratado y que siempre caracterizó las relaciones entre ambos países. Los abogados extranjeros que hablaron ante la Corte, algunos con peluca y toga tal como lo indica la costumbre del país en el que se desempeñan, coincidieron en que el tratado del Río Uruguay "es específico" y "no es flexible" y que Argentina "la asiste el derecho y la razón" para reclamar una medida provisional que impida un daño irreparable sobre su población, pero también que se respete los documentos firmados entre ambas naciones, en este caso vecinas y hermanas.
Por su parte, representantes de Uruguay cuestionaron la medida cautelar solicitada por Argentina a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y alegó que el funcionamiento de las plantas de celulosa es compatible con el cuidado del medio ambiente y no existe daño "inminente" ni "evidente" que justifique la suspensión de las obras de construcción en Fray Bentos. Incluso, el jefe del equipo uruguayo Héctor Gross Espiell, embajador ante Francia, aseguró que "si se suspenden las obras se estaría vulnerando el derecho de Uruguay" a su propio "desarrollo económico".
"Sería un acto de gravedad (la suspensión de las obras) e influiría en el futuro del país y de la población", dijo en su alegato ante la Corte, luego de escuchar a los expositores del equipo argentino.
Gross Espiell también destacó "la buena fe" con que actuó el Estado uruguayo y señaló que Uruguay es un "ejemplo de respeto al medio ambiente". Argentina demandó al Estado uruguayo ante el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas por violación del Tratado del Río Uruguay (1975), que establece un mecanismo de consulta e información para toda acción que implique una modificación o un riesgo en el recurso compartido o en su zona de influencia.
Tal como lo venía haciendo, Uruguay argumentó que no existe daño sobre el medio ambiente y que "el impacto es en todo caso insignificante". Además consideró que Argentina "falló en demostrar pruebas sobre la necesidad de una medida cautelar", según dijo en su exposición el abogado de Uruguay en su exposición ante los quince jueces que integran la corte.
"Nunca un Tribunal suspendió la construcción de una planta cuando el daño es poco significativo", dijeron desde Uruguay.
El país vecino volvió a salir en defensa de las pasteras extranjeras y dijo que está seguro que utilizan los "más altos estándares tecnológicos internacionales".
También mencionó ante el Tribunal, en boca de Gross Espiell, el reclamo uruguayo contra el Estado argentino por las pérdidas económicas que ocasionaron los cortes de ruta en los puentes internacionales que unen ambos países, en la ciudad de Gualeguaychú y Colón, aunque este asunto no era materia de discusión en este asunto.