El diputado oficialista, Alfredo Antonuccio, se mostró de acuerdo con el proyecto de Ley que busca que todas las movilizaciones se realicen con el permiso de las autoridades competentes y remarcó que el Ejecutivo debe tener acceso a la información de las marchas para poder diagramar fundamentalmente todo el tema de la organización vehicular.
En diálogo con Info Región, el legislador indicó que hay que lograr un pacto de convivencia para que los partidos políticos o las organizaciones sociales que tengan la necesidad de manifestarse, como lo autoriza la Constitución nacional, lo hagan.
Debe existir una actitud recíproca para poder manifestarse, garantizando el derecho constitucional, pero también tiene que haber una planificación con una mínima antelación para que las autoridades de tránsito puedan generar una forma de organización vehicular que no entorpezca la actividad de una ciudad, enfatizó.
La iniciativa impulsada por el Gobierno provincial busca obligar a los grupos que realicen protestas que signifiquen alteraciones en la libre circulación, soliciten permiso a las autoridades para llevarlas a cabo en espacios públicos y que también se hagan cargo de los eventuales destrozos mediante la contratación de pólizas de seguro.
Además, también se podrían prohibir las movilizaciones en algunas calles cuando no haya vías alternativas para el tránsito. El proyecto, por otra parte, ratifica un artículo vigente que penaliza todo acto no convalidado por las autoridades que impida la libre circulación de los vehículos.
Antonuccio defendió la iniciativa ya que sostuvo que no es criticable que un gobierno municipal, o en este caso el provincial, pida el horario y el lugar de una movilización al tiempo que aclaró que no se puede prohibir la marcha.
En forma civilizada hay que acordar para que los que se quieran manifestar y movilizar lo puedan hacer y quienes normalmente están trabajando puedan hacerlo. No tiene porque ser confrontativo, insistió.
Relativizó por otra parte los cuestionamientos de un sector de la oposición quienes pusieron en duda que, en caso de ser sancionada, la Ley sea respetada ya que resaltó que en el gobierno bonaerense se va a hacer todo lo posible para que se cumpla y respetar los derechos constitucionales.