Para Garré, la reforma de la justicia militar es una materia pendiente


La ministra de Defensa, Nilda Garré, dijo ayer que la reforma de la justicia militar es "una deuda de la democracia" y pretende "que las garantías con las que contamos todos lleguen a las Fuerzas Armadas". Garré formuló esa declaración a la prensa en la Cámara de Diputados, donde expuso ante las comisiones de Legislación Penal y de Defensa los alcances del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que deroga el Código de Justicia Militar de 1951.

La ministra acudió a la reunión con los legisladores junto a Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema, y el coronel auditor Manuel Lozano, que integró la comisión que elaboró el anteproyecto.

"Es hora de dignificar al soldado argentino, que había quedado a merced de una legislación del siglo XVIII", señaló Zaffaroni, que brindó detalles sobre la reforma integral del sistema de justicia militar.

Garré creó en 2006 una Comisión integrada por destacados juristas, auditores militares y legisladores para impulsar la derogación del Código de Justicia Militar de 1951. Entre las principales modificaciones de esa elaboración, recogida por el proyecto de ley del Ejecutivo se destacan la eliminación del fuero castrense para el juzgamiento de delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la extensión al ámbito castrense de las garantías de la Constitución Nacional.

"Los antecedentes más el convencimiento nos llevaron a hacer una comisión de trabajo integrada por civiles, académicos, agencias nacionales e internacionales de gran nivel técnico, y lo logramos", dijo la ministra de Defensa. Por su parte, Zaffaroni señaló que, "después de la reforma del ’51, subsistían delitos que no se correspondían con la modalidad de guerra moderna y no estaba actualizado de acuerdo a los pactos internacionales suscriptos" por la Argentina.

El proyecto del Ejecutivo propone la inserción en el Código Penal de los llamados delitos "esencialmente militares", eliminar la pena de muerte de su último reducto argentino y crear un nuevo régimen disciplinario. En cuanto a la derogación de la pena de muerte, el juez de la Corte Suprema apuntó que "estaba prevista como alternativa ante varios delitos, aunque es una disposición inútil, ya que desde 1935 no se realizaba ninguna ejecución".

"Según el Pacto de San José de Costa Rica, una vez abolida la pena de muerte no se puede restablecer", subrayó Zaffaroni. Respecto de las garantías constitucionales que el proyecto de ley extiende a los militares, Garré destacó la presunción de inocencia y los derechos a contar con un abogado de confianza y a ser juzgado por un juez imparcial. "Hubo una preocupación garantista", puntualizó la ministra sobre la reforma que busca, entre sus propósitos, precisar los llamados delitos militares, para evitar arbitrariedades o un uso persecutorio, y eliminar anacronismos. La reforma integral del régimen disciplinario procura también garantizar el derecho a denunciar irregularidades, aun si involucran a superiores, así como a negarse a cumplir órdenes ilegítimas.

Garré recordó que la reforma de la justicia militar responde además a compromisos asumidos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de casos llevados a ese organismo por miembros de las Fuerzas Armadas.

Respecto de dos casos tratados por la CIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Estado Nacional se comprometió a impulsar la reforma integral del sistema de administración de justicia penal en el ámbito castrense. El criterio de ese compromiso es adecuarlo a los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la materia.