El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, decretó hoy el estado de emergencia del Servicio Penitenciario provincial por 12 meses y removió de su cargo al subsecretario de Justicia, a raíz del motín en el Penal de Varones en el que murieron 33 reclusos.
Por decreto, Zamora reemplazó al subsecretario de Justicia Santiago Nasif por Ramiro Santillán, al tiempo que delegó al ministerio de Justicia facultades para "agilizar, optimizar y disponer lo necesario para reorganizar el sistema penal" provincial.
Además, no descartó nuevos desplazamientos y disposiciones que considere necesarias para esclarecer el hecho ocurrido en el penal santiagueño el 5 de este mes.
Durante esta jornada, el mandatario provincial recibió a un grupo de familiares de los 33 presos que murieron a raíz del motín e incendio registrado en el Penal de Varones de Santiago del Estero, aunque tras el encuentro continuaban las protestas en reclamo de Justicia.
La reunión se inició pasadas las 9 y de ella participaron sólo cuatro de los cerca de 50 familiares que desde anoche a las 23 hasta esta mañana realizaron una vigilia en la puerta de la Casa de Gobierno provincial.
Luisa González, madre del recluso Luis René González, de 27 años, uno de los 33 fallecidos en el penal, dijo que el gobernador Zamora "se comprometió a investigar hasta las últimas consecuencias" lo sucedido y tomó nota de los nombres de los cuatro penitenciarios que, según los presos, provocaron el motín.
Según la mujer, Zamora "ignoraba que todo fue provocado por cuatro guardiacárceles que deberían estar presos" y dijo que si bien nadie va a devolverle la vida de su hijo quiere que los culpables paguen por lo sucedido.
Al término de la reunión, los familiares continuaron con el reclamo de Justicia y prendieron fuego cubiertas, por lo que la Casa de Gobierno permanecía custodiada por cerca de 60 efectivos policiales.
El domingo 5 de este mes se originó en el Penal de Varones de Santiago del Estero un motín seguido de incendio, a raíz del cual murieron 33 reclusos, la mayoría de ellos por asfixia debido a la inhalación de gases tóxicos.
La versión oficial indica que existió un intento de fuga reprimido por el personal penitenciario que derivó en la quema de colchones, mientras que los presos negaron tal circunstancia y aseguraron que todo fue consecuencia de la represión a un reclamo que hicieron por las malas condiciones carcelarias y el maltrato que reciben las visitas, especialmente las mujeres.
Tras el hecho, el gobernador Zamora desplazó al jefe del penal y nombró a una comisión del Servicio Penitenciario Federal para hacerse cargo de restaurar el orden en la prisión, lo que cayó muy mal entre el personal penitenciario de la provincia, que se rebeló y abandonó la unidad.