Las palabras del candidato de Javier Milei en Tucumán, el hijo del ex gobernador y genocida Jorge Bussi, Ricardo Bussi, quien comparó a la comunidad LGBTIQ+ con personas con discapacidad, generaron un repudio generalizado, pero además abrieron las alertas.
“El que decide ser travesti, que se la banque solo”, rebuznó Bussi durante un debate con candidatos una sentencia que generó polémica cuando señaló que las personas de la comunidad LGBT “merecen nuestro respeto, como los rengos, los sordos o los ciegos”.
En ese sentido, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), pusieron el foco en cómo algunas políticas podrían impactar de lleno en ese sector, por lo que manifestaron su “enérgico repudio” a lo que calificaron como “un intento de posicionar como enemigo para el progreso del país a las personas con discapacidad y sus derechos”.
“Nuevamente se escucha un discurso que plantea que el país no sufrió una guerra para tener los números en cuanto a población con discapacidad que tiene. Ese posicionamiento confunde a las personas con discapacidad que cobran una pensión no contributiva (PNC) que son 1.200.000 de la población total con esta condición. En nuestro país, 1.662.016 personas con discapacidad están certificadas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”, señalaron desde la organización.
Asimismo, marcaron que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en un documento que recupera sus investigaciones a julio de 2023, expresó que “el 12,9 por ciento de la población tiene alguna dificultad o limitación permanente”, lo que alcanza a un universo de 5.114.190 personas.
“Si se buscan datos a nivel internacional, la Organización Mundial de la salud (OMS) estima que un 15 por ciento de la población mundial tiene discapacidad. Ese número puede aumentar en los países en desarrollo por el ‘envejecimiento poblacional’; las personas con discapacidad son la mayor minoría mundial”, aseveraron.
Por eso, calificaron como “preocupante” que las fuerzas políticas “neoliberales” planteen que “los derechos de personas con discapacidad, personas jubiladas, del colectivo LGTBIQ+ y otros sectores que precisan del amparo del estado son un gasto a recortar”.
“La libertad de mercado amplía los privilegios del sector privado y propone que el presupuesto del estado no se ocupe de garantizar igualdad de oportunidades”, sentenciaron desde REDI.
El número de la discapacidad
El colectivo explicó que no es necesaria una guerra para pensar cómo surge la población con discapacidad, además de las personas que nacen con la condición. “Basta ver la influencia de los agrotóxicos, los accidentes laborales, de tráfico, condiciones adquiridas luego de enfermedades como el Covid-19 o el aumento de la expectativa de vida pueden ser motivo de discapacidad”, enumeraron.
“Más allá de las metáforas ‘desafortunadas’, pero que creemos totalmente intencionales, el número elegido para igualar personas con discapacidad con quienes perciben una pensión no contributiva (PNC) no se corresponde. Si retomamos los porcentajes en el país se da una cifra que lo supera. Eso refleja que el Estado aún no ampara con el CUD y los derechos que garantiza su tramitación a muchas personas”, afirmaron.
Finalmente, advirtieron que “esta avanzada, con propuestas que solo impulsan el recorte de derechos y demonizan a la población de personas con discapacidad, entre otros colectivos, es para justificar su concepción de que todo lo que no resulte en ganancia es descartable”.
